UNA JUEZA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DISPUSO QUE EL RÉGIMEN FASCISTA PORTEÑO Y AL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD (IVC) DEBEN OTORGAR “UNA ADECUADA E INMEDIATA SATISFACCIÓN” A LOS “REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS Y MATERIALES”, DE LOS DAMINIFICADOS.
La jueza Patricia López Vergara, titular del juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien consideró que las 30 familias que viven en carpas sobre la avenida Pedro de Mendoza desde hace 19 días se hallan expuestas a "carencias e indignidades" que afectan "su salud y dignidad humana", ordenó al régimen fascista porteño y al Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) que les “otorguen una adecuada e inmediata satisfacción a sus requerimientos económicos y materiales”.
“La situación de emergencia en la que se hallan obliga a la toma de decisiones urgentes con miras a paliar la ‘dramática desigualdad existente entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada’”, sostuvo la magistrada.
Jorge Luis Bullorini, asesor tutelar de Primera Instancia y representante de los vecinos en el caso, explicó que, en principio, la demanda de las familias era la de volver a sus viviendas, afectadas por el incendio intencional del 20 de julio pasado. “Hay que entender que de golpe, por un incendio, perdieron todo. Mal o bien, era el lugar donde estaban viviendo”, señaló.
López Vergara, quien el 4 de agosto determinó que había un peligro latente de derrumbe en el inmueble que habitaban los afectados, ordenó al régimen de Rodríguez Larrata el otorgamiento de subsidios “suficientes para cubrir la totalidad del costo de un alojamiento en condiciones dignas” y en un plazo de 24 horas, desde el momento en que la familia lo solicite. Además, se deberá contemplar la composición de cada grupo familiar, ya que los subsidios actuales que ofrece el Ministerio de Desarrollo Social -$ 4800 por mes- no alcanzan para que alquilen familias de tres o más integrantes.
En una segunda instancia, los afectados exigieron que el IVC reciba a todos los damnificados para evaluar el otorgamiento de un crédito hipotecario. “Desconfiamos que el Gobierno entregue los subsidios y se desentienda. Por eso recurrimos al amparo, y la jueza nos dio la razón”, agregó el asesor tutelar.
“Se necesita una solución ya: las familias siguen en la calle, están en carpas”, insistió Bullorini. La urgencia es tal que las 30 familias tienen apenas un baño químico que aportó una organización social, lo que motivó que López Vergara también incluyera otra orden dirigida al Ministerio de Ambiente y Espacio Público para que en el plazo de un día instale dos baños más. También exigió que se brinde a las familias “suficientes abrigos a fin de paliar las condiciones climáticas y las temperaturas adversas, en tanto no se modifiquen sus condiciones de existencia actual”.
Fuente: nota de Franco Spinetta para Página/12
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