sábado, 19 de agosto de 2017

Imputaron a Aranguren y a Laura Alonso por el nombramiento como funcionario de un contratista del Estado

LA FISCAL PALOMA OCHOA PIDIÓ QUE SE INVESTIGUE AL CEO DE ENERGÍA Y A LAURA ALONSO POR UN SUBSECRETARIO QUE DEBE CONTROLAR A SU ANTERIOR EMPRESA. LAURA ALONSO TAMBIÉN CAYÓ EN LA VOLTEADA.

La fiscal federal María Paloma Ochoa imputó al CEO de Energía, Juan José Aranguren, y a la infornicable titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por el nombramiento de un funcionario nacional que participó como privado en la licitación de las represas en Santa Cruz y ahora las debe controlar.

Fuentes judiciales informaron que la funcionaria del Ministerio Público también incluyó en su dictamen al otro denunciado, el subsecretario de Energía Hidroeléctrica, Jorge Hugo Marcolini, que antes habría sido directivo de Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA (IATASA).

Ochoa requirió al juez federal Sebastián Ramos que impulse la causa penal contra los tres funcionarios, que fueron denunciados en julio por el senador Fernando Solanas y el titular de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, Enrique Viale.

En el escrito, los denunciantes pidieron que se investigue si Aranguren, Alonso y Marcolini incurrieron en los delitos de "abuso de autoridad" y "negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas".

Precisan que Marcolini "como director de la empresa IATASA (Ingeniería y Asistencia Técnica Argentina SA) fue el responsable de realizar el informe ambiental de la obra" de las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic sobre el río Santa Cruz. "La misma persona que realizó el informe (Marcolini) en forma privada; ahora, como funcionario público, es el encargado de aprobarlo. Con una mano (privada) realiza el informe y con la otra mano (pública) lo aprueba", agregaron.

Según el escrito, fue "ilegal la designación de Marcolini como funcionario" y "está conectado con la voluntad política de que este continúe a cargo de una obra que recomendó y avaló como profesional privado y así avanzar con este monumental proyecto hidroeléctrico a cualquier costo".

Además, la denuncia aseguró que Alonso "tiene cajoneada en la Oficina Anticorrupción desde noviembre del año pasado una denuncia de las ONG's sobre este conflicto de intereses de Marcolini".

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