ASÍ LO SOSTUVO EL PRESIDENTE DEL BLOQUE DE DIPUTADOS NACIONALES DEL FPV-PJ, HÉCTOR RECALDE, EN REFERENCIA A LAS DECLARACIONES DEL MINISTRO DE TRABAJO SOBRE LOS PRIVILEGIOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES. ADEMÁS RECALCÓ QUE LA LEY DE ART ES "ILEGAL, ESTIGMATIZANTE Y PERSECUTORIA".
En respuesta a las declaraciones favorables a una reforma laboral por parte del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, el presidente del Bloque de Diputados Nacionales del FPV-PJ, Héctor Recalde, opinó que el funcionario "cometió un sincericidio al reconocer que los trabajadores tienen que dejar de lado privilegios, según su propia definición, aunque en realidad se trate de derechos que la Constitución Nacional les garantiza".
"Cuando Triaca hace referencia a supuestos 'privilegios' de los trabajadores, no hace otra cosa que dejar en clara evidencia la ideología anti-trabajadora del gobierno y las reales intenciones de precarizar el trabajo. Nadie debería quitarle a los trabajadores lo conquistado en años", explicó Recalde.
"Ninguna flexibilización laboral solucionará la ecuación a la que hizo referencia el ministro de que uno de cada tres argentinos es pobre. Porque la causa es el modelo económico neoliberal y la regresiva distribución del ingreso", dijo el prestigioso y reconocido abogado laboralista. .
"Además, la postura del gobierno ante los miles de trabajadores despedidos es contradictoria: por un lado se desentiende de los despedidos y entiende a las empresas que despiden y por otro alienta una reforma que dice falsamente que solucionará los mismos problemas que ahora ignora cuando en realidad lo que busca es degradar los derechos e incrementar la rentabilidad empresaria", consideró.
El diputado Recalde también repudió la resolución que dictó la Superintendencia de Riesgos del Trabajo creando una base de datos con los nombres de los trabajadores incapacitados por accidentes o enfermedades laborales que recurren a la Justicia para obtener su reparación.
En esa línea, planteó la inconstitucionalidad de la ley de riesgos del trabajo, y de los abogados que los patrocinan, a la que calificó de "ilegal, estigmatizante y persecutoria recordando las primeras etapas de los países europeos bajo el nazifascismo. La Superintendencia tendría que obligar a las ARTs a que efectivamente den prestaciones médicas a los trabajadores accidentados y paguen las reparaciones que deben, y no perseguir y estigmatizar a los trabajadores que aquellas dejan desamparados sin otra alternativa que recurrir a la Justicia".
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