EL MINISTRO QUISO PRESENTAR LA LEY DE RESPONSABILIDAD PENAL EN EL SENADO, PERO LE RECORDARON QUE EL PROYECTO NO ESTÁ.
Germán Garavano no pudo tratar la ley de responsabilidad penal empresaria en el Senado, porque Ángel Rozas y Miguel Pichetto les explicaron que Diputados nunca le envió la versión final aprobada el miércoles pasado.
"No es conveniente analizar este proyecto hoy ni hacerle preguntas. No está en la casa lo que se aprobó en Diputados. Me parece poco serio que estemos tratando este tema hoy en el recinto", lo sorprendió Rozas, jefe del interbloque de la alianza de derecha Cambiemos.
Al parecer, su condición de oficialista no le permitió conocer la estrategia de la Casa Rosada. "Por una cuestión de seriedad tenemos que tener el texto definitivo", insistió Miguel Pichetto, jefe de los senadores peronistas, pero se aventuró en marcar algunas diferencias.
"A estos temas hay que sacarlos del contexto electoral. Si hablamos de principios de principio de retroactividad de la ley penal, de la ley penal más benigna; son cosas que hay que plantear de cara la sociedad. Y tenemos que actuar con seriedad y no con demagogia punitiva", agregó.
El proyecto fue reescrito durante el debate de Diputados, y por eso la dirección Legislativa de esa casa necesitó hasta el lunes para terminar de redactar la versión definitiva. Como Emilio Monzó no fue, nunca lo firmó y jamás llegó al Senado, donde desde el viernes está prevista la visita de Garavano. Fue invitado a la Comisión de Asuntos penales que preside el peronista Pedro Guastavino. El apuro buscó evitar cualquier chicana sobre posibles cajoneos, justo antes del inicio del receso invernal.
Una de las alarmas del personal parlamentario de Diputados es que algunos artículos se contradicen, como el que eleva las sanciones por delitos de corrupción para que no sean excarcelables, impuesto por Graciela Camaño, que es la antítesis de otro anterior. La versión final debe ser fidedigna a lo leído en la sesión.
El otro artículo inoculado por la jefa del Frente Rejuntador fue el que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la administración pública. "Esos casos tardan 10 años en resolverse. Y se detienen si el acusado ocupa un cargo. De esta manera, van a seguir toda la vida. La prescripción, se supone, es para que se resuelvan los casos", explicó, aun sorprendido, el peronista Rodolfo Urtubey.
Sin saber lo que se le venía, el ministro de Justicia expuso brevemente sobre el proyecto que envió originalmente a Diputados en octubre, como parte de un reclamo de la OCDE para combatir el delito trasnacional.
Luego el texto fue mutando y sumó una herramienta para permitir que el procurador del Tesoro tome declaración a los ejecutivos de Odebrecht que confesaron haber pagado coimas en el país. Fue lo que indicaba el artículo 37 del proyecto, que la oposición eliminó en Diputados pero que Garavano insistió en defender ante los senadores.
"Lamento lo que pasó porque es imposible sancionar a personas jurídica hacia el pasado. Es valioso poder regular un mecanismo para que las empresas puedan reparar el daño", propuso y agregó que "lo podemos regular desde el derecho administrativo, la AGN, el Ministerio Público, no es su parte penal; o la Sigen". No le permitieron extenderse demasiado.
Sólo Mario País, el chubutense del FPV-PJ siempre dispuesto a debatir temas jurídicos, le explicó que los organismos del Estado ya pueden hacer investigaciones administrativas sin una ley aparte. Esa es la estrategia del procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frías, quien nunca estuvo de acuerdo con tomarles declaración a los ejecutivos de Odebrecht.
Pero Macri y Garavano parecen empecinados en tener alguna ley que le sume herramientas para involucrarse en el caso. La irrupción de la AGN había sido una propuesta de Ricardo Alfonsín en el recinto, desechada por la oposición.
Garavano no la pasó bien el resto de la reunión. Pichetto le recriminó falta de convicción para impulsar la ley de juicio en ausencia, reclamada por la AMIA para esclarecer los atentados, y le pidió gestionar con diputados los cambios a la ley de extinción de dominio, destinada a apropiarse de los bienes de los corruptos. "No podemos violar el principio de propiedad", le achacó. El ministro le prometió ocuparse de ambos temas.
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