LA TITULAR DE LA PROCURACIÓN GENERAL DE LA NACIÓN LE SOLICITÓ AL JUEZ JULIÁN ERCOLINI SU SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA POR LA COMPRA DE UN EDIFICIO PARA ESE ORGANISMO. EL FISCAL EDUARDO TAIANO, EN TANTO, CONCRETÓ SU ANUNCIADO PEDIDO DE INDAGATORIA DE GILS CARBÓ.
El fiscal federal Eduardo Taiano pidió la indagatoria de la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó en la causa que investiga la compra de un edificio para ese organismo. La previsible solicitud del fiscal adicto se da en el marco de la nueva avanzada del régimen macrifascista contra la titular del Ministerio Público Fiscal, a quien -en contra de lo que marca la ley- Mugrizio Macri no descarta remover por medio de un decreto, según reveló ayer el diputado del PRO Pablo Tonelli. Gils Carbó, en tanto, presentó ayer por la mañana el pedido de sobreseimiento en la causa.
Taiano acusa a la procuradora de presunto fraude a la administración pública, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad y otros delitos, por la compra del edificio de la Procuración General. El juez federal Julián Ercolini debe evaluar ahora el pedido de Taiano y decidir si cita como imputada a Gils Carbó por la compra del edificio de la calle Perón 667, en Capital Federal.
Ercolini también recibió el pedido de la procuradora general de ser sobreseída en la causa. "El conjunto de la prueba recibida en la instrucción ha permitido también descartar cualquier vínculo de mi asistida con los hechos del caso, corroborando la procedencia de su sobreseimiento", señala el escrito que presentó Alejandro Rúa, el abogado defensor de Gils Carbó.
Taiano pretende indagar a Gils Carbó por supuestas irregularidades en la compra del edificio de la Procuración que habría costado 43 millones de pesos mediante la inmobiliaria Jaureguiberry y Asociados. Esa empresa actuó por intermedio de Juan Carlos Thill, a quien se habría pagado una comisión de 3 millones de pesos por la intervención en el trámite de su medio hermano, hombre del área de contrataciones de la Procuración, Guillermo Bellingi. Thill pidió nulidades de todo en la causa.
“El Estado, o sea el Ministerio Público Fiscal, no pagó comisiones. Fue una de las condiciones. Ya habían fracasado tres licitaciones por distintos motivos. Esta era la cuarta. Como Procuradora según las reglas de la administración pública podía haber hecho una venta directa. Todo el trámite lo hicieron funcionarios que hace veinte años que estaban en ese trabajo. Fue el precio más barato inferior a la tasación judicial. Participaron 25 funcionarios de distintas áreas, planificación, arquitectura, logística, el secretario general de administración, hubo dictámenes de jurídicos, auditoría interna, auditoría externa, no hubo posibilidad de que yo tuviera conocimiento del hecho que luego aparece en los medios”, aclaró Gils Carbó.
La procuradora general admite en la operación hubo irregularidades y destaca que por eso separó a un funcionario del organismo. “Surgió en los medios que un medio hermano de este funcionario habría cobrado una comisión de tres millones de pesos por asesorar al oferente. La comisión la pagó inmobiliaria. Y no es un millón ni medio millón de dólares. Son 176 mil dólares. La mitad está en la cuenta de este señor y la otra es lo que debe investigarse, que es quién la cobró”, precisó.
Gils Carbó denunció que “lo que se está intentando a través de estos casos es crear una sospecha de corrupción con el objetivo de justificar mi desplazamiento por medio de modos ilegales e inconstitucionales ya que no han tenido los votos ni las causales para el juicio político”. Dijo también que Taiano sufrió “brutales presiones” para imputarla y le apuntó al régimen fascista por la maniobra. “Quiere apropiarse del control de los fiscales”, explicó sobre la razón por la cual Mugrizio Macri pretende removerla de su cargo.
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