LA PROCURADORA GENERAL DE LA NACIÓN, ALEJANDRA GILS CARBÓ, ADVIRTIÓ QUE SI EL PODER EJECUTIVO INTENTARA ECHARLA A TRAVÉS DE UN DECRETO, “SERÍA UN ACTO INVÁLIDO QUE NO PODRÍA ACATAR” Y COMPARÓ SU SITUACIÓN CON LA FISCAL GENERAL DE VENEZUELA, LUISA ORTEGA, A QUIEN EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO TAMBIÉN QUIERE DESPLAZAR “POR CUMPLIR SU ROL CONSTITUCIONAL”.
En declaraciones radiales, Gils Carbó afirmó que “no soy opositora ni militante de ningún partido” y subrayó que "Justicia Legítima no tiene ninguna afiliación partidaria".
En otro tramo de la entrevista, la procuradora general denunció que “el Gobierno hizo muchos intentos para desplazarme, y ahora lo intenta a través de un decreto", pero advirtió que “la Constitución es muy clara respecto de la autonomía y la independencia del Ministerio Público, y establece que se necesitan mayorías agravadas, es decir, los dos tercios de los votos, tanto para nombrar como para desplazar al procurador general”.
"Si me destituyen por decreto, no lo voy a aceptar, seguramente me quedaré en mi oficina", agregó la procuradora, quien afirmó que había asumido para “fortalecer la lucha contra el crimen organizado”.
Asimismo, la procuradora mostró su "preocupación" por "la violencia contra el Poder Judicial". En tal sentido, sostuvo que "el asedio no es solo a mi persona" y volvió a reiterar que "no tengo vinculación con el kirchnerismo".
Gils Carbó, reconoció que “los jueces y fiscales son presionados por todos los gobiernos" y respecto de los pedidos de renuncia de parte del ministro de Justicia, Germán Garavano, aclaró que “jamás me pidió la renuncia cara a cara, solo lo hace a través de los medios".
Al ser consultada por el caso Odebrecht, Gils Carbó apuntó contra Garavano por "ofrecer una negociación". En ese sentido, la funcionaria judicial dijo que "quisiera saber qué les ofreció. Es absolutamente ilegal".
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