El Mercosur avanza en un acuerdo para dejar de reconocer a Venezuela como una democracia

LOS CANCILLERES, REUNIDOS EN MENDOZA EN LA PREVIA DE LA CUMBRE DE PRESIDENTES, DEBATIERO LA APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE USHUAIA.

El Mercosur avanza en un acuerdo para dejar de reconocer al gobierno de Nicolás Maduro como una democracia mediante la aplicación del protocolo de Ushuaia contra Venezuela.

En eso trabajaron ayer los cancilleres de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, miembros plenos del bloque comercial, en el Hotel Intercontinental de Mendoza donde se desarrolla la cumbre del Mercosur que tendrá su capítulo más importante durante el día de hoy, cuando se reúnan los presidentes de esos países y el de Bolivia.

La cláusula democrática del protocolo de Ushuaia, firmado en 1998 por esos cuatro países, establece que "en caso de ruptura del orden democrático" de uno de los países que integran el Mercosur, los socios "promoverán las consultas pertinentes entre sí y con el Estado afectado".

Si esas consultas fracasan, los socios podrán aplicar sanciones, que van "desde la suspensión del derecho a participar en los distintos órganos de los respectivos procesos de integración, hasta la suspensión de los derechos y obligaciones emergentes de esos procesos".

Venezuela ya fue suspendida en diciembre de 2016 por incumplir con los tratados económicos, de inmigración y de derechos humanos del Mercosur. Sin embargo, según el vicecanciller argentino, Daniel Raimondi, esa suspensión se debió a "asuntos jurídicos" y la que ahora se está negociando es de carácter político. 

Uno de los principales impulsores de la medida es Mugrizio Macri, de quien se espera un discurso encendido contra Maduro en la reunión de presidentes de este viernes. Uruguay es quien tiene reparos para avanzar con el acuerdo y así lo sugirió el presidente Tabaré Vázquez, el primero en llegar a la cumbre, quien aseguró que su país no quiere intervenir en las cuestiones internas de otros países. 

Raimondi destacó que ningún bloque de países como la OEA, la Celac y la Unasur habían llegado a un consenso para manifestarse contra el gobierno de Maduro, que busca reformar la Constitución en medio de un escenario de violencia política que ya provocó decenas de muertes en su país. El objetivo de la pronunciación es que Maduro dé marcha atrás con la Asamblea Constituyente que está convocada para el 30 de julio. 

"No está contemplada la expulsión", señaló el vicecanciller y explicó que la medida más grave es la suspensión para actuar de manera parcial o total de los acuerdos del Mercosur. Raimondi aseguró que una expulsión sería "contraproducente" y aclaró que no está prevista una sanción comercial contra el país de Maduro.

Daniel Raimondi, vicecanciller argentino

El funcionario, que brindó una conferencia de prensa mientras la mayoría de los periodistas acreditados en la cumbre almorzaban en la carpa contigua al hotel, se cuidó de aclarar que se está buscando el consenso sólo entre los Estados parte del Mercosur, es decir, entre los miembros plenos. 

De este modo, Bolivia queda afuera de este pronunciamiento puesto que aún no consiguió la membresía total. El presidente de ese país, Evo Morales, se opone a la cláusula democrática y recibirá un documento de la "contracumbre" que se desarrolla en paralelo en la Universidad de Cuyo.

La contracumbre, que engloba a organizaciones sociales y sindicales del continente, eligió como sus presidentas honorarias a la líder de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, presa en Jujuy por decisión de la alianza de derecha Cambiemos, y a su par mendocina, Nélida Rojas, que cumple prisión domiciliaria.

A esa contracumbre, también llamada "cumbre social", que fue deslegitimada por el país organizador por primera vez desde 2006 -Macri no la reconoció como oficial- asistió el embajador de Venezuela en Argentina, Carlos Martínez Mendoza. El venezolano pidió el apoyo de organizaciones sociales, humanitarias y sindicales de la región a la Asamblea Constituyente que impulsa Maduro. "Lo que viene es un proceso de recolonización de América Latina", señaló el diplomático.

Samuel Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, había denunciado que la cumbre de Mendoza era ilegal. Quien le respondió fue el canciller argentino, Jorge Faurie, que dijo que para Venezuela "hay una sanción pendiente, que podría ser por el lado de la exclusión desde el punto de vista de su participación en los órganos" del bloque.