LA NORMA SE APROBÓ EN DIPUTADOS POR UNANIMIDAD. A PARTIR DE AHORA, HABRÁ UN RÉGIMEN DE PROTECCIÓN PARA VÍCTIMAS DE DELITOS, QUE PODRÁN SER QUERELLANTES, PRESENCIAR DECLARACIONES DE TESTIGOS Y SER NOTIFICADAS DE RESOLUCIONES JUDICIALES.
La Cámara de Diputados aprobó ayer, con el voto positivo de los 219 legisladores que concurrieron, el proyecto de ley de protección a víctimas del delito. Los diputados incorporaron los cambios que la norma había tenido en su tratamiento en el Senado, con lo que el proyecto ya es ley.
En rigor, la Cámara baja le había dado media sanción el año pasado y hace un mes el Senado la aprobó con modificaciones.
Ayer llegó al recinto de Diputados, en una sesión que tuvo en los palcos a Carolina Píparo (baleada en una salidera bancaria, perdió un embarazo por el disparo), Matías Bagnato (único sobreviviente de la Masacre de Flores, el incendio de su casa por parte de un ex socio de su padre) y Nilda Gómez (madre de una víctima del incendio del boliche República de Cromañón).
A partir de ahora, se establece un régimen de protección para las víctimas de delitos. Se crean centros, que deben estar abiertos las 24 horas, equipados para recibir a las víctimas, con un equipo de especialistas. Los centros de asistencia y protección recibirán a menores de edad, discapacitados, mayores de 70 años y quienes tengan relación de convivencia y dependencia (afectiva, laboral o económica) con el agresor.
La denuncia debe ser tomada en forma inmediata. El programa habilita a las víctimas para ser querellantes y asistir a declaraciones de testigos, así como también les da el derecho de revisar las actuaciones y tener asesoramiento legal durante el tiempo que dure el proceso.
La norma, que fue impulsada por el massismo, además establece la obligatoriedad de notificar a las víctimas de cualquier resolución durante la causa. Y se incorpora la presunción de peligro, tanto para la víctima como para su familia.
Respecto del proyecto original, en el Senado se incorporó la figura de un defensor público de la víctima, a designarse en cada provincia y en la Capital Federal; así como una red de letrados de la Defensoría General de la Nación que podrán incorporarse a las causas como defensores coadyuvantes, es decir, acompañan a los fiscales en las querellas.
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