LA CÁMARA DE SENADORES APROBÓ AYER POR UNANIMIDAD, Y DEVOLVIÓ A DIPUTADOS, EL PROYECTO DE LEY DE PROTECCIÓN, DERECHOS Y GARANTÍAS DE LAS VÍCTIMAS DE DELITOS, QUE TIENE COMO FIN LA TUTELA INTEGRAL Y EL ASESORAMIENTO A LOS AFECTADOS O A SUS DERECHOHABIENTES QUE PODRÁN SEGUIR DE CERCA LAS ACTUACIONES JUDICIALES.
La principal modificación que le introdujeron los senadores fue la creación, en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, de un cuerpo de defensores de la víctima.
De acuerdo a la iniciativa, cada provincia contará con un defensor que deberá asesorar a los afectados por un delito o a sus herederos sin cargo. El proyecto reconoce a las víctimas sus derechos a asistencia, protección, acceso a la justicia y celeridad.
Los afectados por un hecho delictivo deben recibir un trato digno y respetuoso, podrán requerir medidas de protección, intervenir como querellantes, aportar información, exigir un resarcimiento y podrán solicitar medidas de coerción. Además, las autoridades deben actuar bajo los principios de la rápida intervención, el enfoque diferencial de acuerdo con cada caso y la no revictimización.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, el peronista entrerriano Pedro Guastavino, consideró que la medida era "necesaria" y anticipó el "consenso unánime de que la Argentina debe contar con una norma de esta naturaleza".
En tanto, su colega de la Comisión de Derechos y Garantías, el radical Luis Naidenoff, reconoció la "complejización del delito en la Argentina" y resaltó que "en los últimos años quedó la sensación de que el Estado está del lado de quien comete el delito y el que lo sufre advierte una orfandad incomprensible".
La peronista disidente Liliana Negre de Alonso, a su turno, apuntó que "en este Senado hay muchos que no creen que víctimas y victimarios peleen con las mismas armas por lo que les recuerdo que los tiempos cambiaron".
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