EL EX TITULAR DE LA UNIDAD FISCAL CONTRA DELITOS SEXUALES (UFISEX), JULIO CÉSAR CASTRO, FUE PROCESADO POR AMENAZAS, LESIONES, VIOLENCIA DE GÉNERO Y ABUSO SEXUAL DE UNA EX PAREJA, Y SUS BIENES FUERON EMBARGADOS POR LA SUMA DE 800 MIL PESOS.
La medida, que fue puesta en conocimiento de la procuradora general de la Nación Alejandra Gils Carbó, la dictó el juez de instrucción Hernán López.
Con la prueba reunida en el sumario, el juez responsabilizó a Castro como autor de "amenazas simples, lesiones leves agravadas por haber sido cometidas contra una mujer y en un contexto de violencia de género y abuso sexual con acceso carnal reiterado".
"Cuando yo sea juez, vos no existís más", le habría dicho en octubre último (cuando Castro era candidato a magistrado federal) a la supuesta víctima. Ese mismo mes, en Mar del Plata, el fiscal, actualmente de licencia, habría obligado a su pareja a mantener relaciones sexuales. El pliego de Castro fue rechazado luego que su postulación fuera impugnada por quien lo denunciara ante la justicia.
Castro rechazó todas las imputaciones, aseguró que fue denunciado por despecho, aseguró que jamás abusó de ninguna mujer y que las relaciones sexuales que tuvo con la denunciante fueron "de mutuo acuerdo", pero el juez evaluó la "conflictiva" relación sentimental que el fiscal con su ex pareja.
El magistrado concluyó que "la homogeneidad y coherencia de los elementos ya reunidos" permiten tener por probada la "materialidad de los sucesos" denunciados "y la participación de Julio César Castro en su comisión".
Entre los "elementos" evaluados por López figura una pericia psiquiátrica solicitada por el propio fiscal para demostrar su inocencia.
Castro, representante del ministerio público ante tribunales orales de la Capital Federal y ex titular de la Unidad Fiscal contra Delitos Sexuales (UFISEX), también fue demandado por su ex pareja en el fuero civil y afronta un proceso de juicio político impulsado por Gils Carbó.
En el proceso que podría concluir con su remoción, Castro también fue denunciado por un supuesto abuso sexual contra una ex empleada de su fiscalía.
En 2007 Castro fue designado por la Procuración General de la Nación como director general de la unidad fiscal especializada creada ese año para investigar y realizar un mapa de los delitos contra la integridad sexual, la trata de personas y la pornografía infantil en el ámbito porteño.
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