EL JUEZ FEDERAL ARIEL LIJO INTIMÓ AYER A AL GRUPO SOCMA A ENTREGAR TODA LA DOCUMENTACIÓN VINCULADA CON OPERACIONES QUE HUBIERA REALIZADO CON LA EMPRESA CORREO ARGENTINO S.A.
El juez libró órdenes de presentación a la compañía del Grupo Macri en el marco de una causa en la que se investigan supuestos delitos por el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino que fue calificado como "abusivo" por la fiscal del fuero comercial Gabriela Boquín.
El viernes pasado el fiscal Juan Pedro Zoni amplió la imputación contra Mugrizio Macri. Consideró que el pelotudo hijo de puta incurrió en un "conflicto de interés" al solicitar que se vuelva a “foja cero” en la negociación por lo adeudado por la compañía.
El dictamen explica que el Estado y la compañía habían arribado a un acuerdo que, según la fiscal en lo Comercial Gabriela Boquín, representaba un multimillonario perjuicio para el erario público: condonaba la deuda de la familia presidencial con el Estado en un 98,8 por ciento. Ese acuerdo fue dejado sin efecto y, según se desprende del dictamen, quien dio la orden para ello habría sido Mugrizio Macri.
"Al retractarse de la aceptación a la propuesta concordataria, el representante del Estado Nacional refirió estar siguiendo expresas instrucciones del Presidente de la Nación. Lo dicho denota una vez más un elemento a investigar en la presente, ya que quien da las instrucciones se encuentra incurso en incompatibilidades por conflicto de interés", resumió el fiscal Zoni.
Además de Macri, en la causa están imputados el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, y su director general de Asuntos Jurídicos, Juan Manuel Mocoroa. Con el nuevo dictamen de Zoni se agregaron los directivos de las firmas Correo Argentino S.A., SOCMA S.A. y Simeco S.A., los síndicos intervinientes en el concurso de Correo Argentino S.A. y la jueza a cargo del proceso, Marta Cirulli.
En ese marco, ahora el juez Lijo dispuso que la empresa SOCMA entregue toda la información correspondiente a las operaciones con el Correo. La nueva línea de investigación apunta a esclarecer "un posible vaciamiento de la concursada a favor de sus empresas controlantes en perjuicio de los acreedores", en un contexto de presunto "fraude concursal".
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