EL REPRESENTANTE DEL PODER EJECUTIVO EN EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA, JUAN MAHIQUES, SOLICITÓ QUE SE ANALICEN LAS PUBLICACIONES DEL CAMARISTA LABORAL, A QUIEN TRIACA LE PIDIÓ EL JUICIO POLÍTICO POR AVALAR LA PARITARIA DE LOS BANCARIOS.
En un planteo sin precedentes, el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Juan Mahiques, pidió ante sus pares de la comisión de Disciplina y Acusación que se investiguen los posteos en el muro de Facebook del camarista laboral Enrique Arias Gibert, quien tiene un pedido de juicio político del Ministerio de Trabajo que apunta también a su colega Graciela Marino.
Ambos fueron denunciados a raíz del fallo por el cual avalaron la paritaria bancaria, que ponía un piso de 24 por ciento de aumento salarial y se perfilaba como referencia para otros gremios, cuando Mauricio Macri quería fijar el techo en 17 por ciento. Desde febrero que el organismo -que se ocupa de elegir y sancionar a los jueces- tiene este expediente abierto sin tomar medidas sustanciales, lo que implica una situación de amenaza constante sobre el tribunal.
Arias Gibert, alarmado ante la investigación que impulsa el Ejecutivo, dijo que “la Constitución garantiza la intimidad y las acciones privadas de los hombres”.
“La pasión por escudriñar lo íntimo es el efecto de la mirada perversa. Si la intimidad de cualquier persona es expuesta, la dignidad humana desaparece”, reflexionó y explicó que las medidas requeridas están fuera de toda legalidad en esencia porque “toda investigación debe tener una causa explícita, no se puede entrar en el pensamiento o en una casa sin causa legal manifiesta. Se tiene que decir qué se busca y qué razones de orden público justifican el ingreso en la esfera privada (…) Los humanos no deben ser expuestos en un sistema republicano y democrático a la mirada burocrática que se torna así una mirada perversa”.
Macri ha exhibido un encono particular con los jueces laborales que fallan a favor de los reclamos de trabajadores. Dijo más de una vez que hay una “mafia de los juicios laborales” para afectar a las empresas. La realidad es que la mayor cantidad de juicios laborales son por despidos o indemnizaciones incumplidas. La semana pasada el ex hijastro de Flavia Palmiero también dijo que si los jueces –aludía en esencial a los penales– no actúan como el régimen espera “buscaremos otros jueces que nos representen”. En este contexto, de dar por hecho que se puede poner y sacar jueces por capricho, es que Mahiques pidió el jueves, en comisión, impulsar las medidas que había pedido el ministro Jorge Triaca cuando denunció a Arias Gibert y Marino por supuesto mal desempeño, falta de idoneidad, negligencia grave e incumplimiento de la Constitución.
Una de las medidas más llamativas fue el pedido, que recogió Mahiques, de encomendar a Facebook un rastreo de todos los posteos del juez Arias Gibert hasta el 28 de febrero de este año; también propuso que declare Silvia Squire de Puig Moreno, subsecretaria de Relaciones Laborales; y que se le pida al cuerpo de Auditores del Poder Judicial de la Nación las conclusiones de auditoría de gestión laboral “en particular sobre la posible rémora en el dictado de las pertinentes resoluciones por parte de Marino y Arias Gibert al 31 de enero” de este año.
La comisión interna del fueron del Trabajo hizo circular antes de ayer un comunicado donde cuestionaba las medidas en cuestión como parte de una “persecución” y explicaba que la funcionaria que se propone citar es parte del mismo ministerio que denunciante; “se buscan expedientes atrasados para acusar a los jueces de otra cosa” diferente a la denuncia original, que tiene una motivación política y avanza sobre el contenido de una sentencia, lo que no está permitido; “le van a revisar el Facebook” a Arias Gibert “para controlar si se critica al Gobierno, lo que viola la intimidad y los derechos constitucionales de libertad de opinión”. Respecto a esto último, cerca de Mahiques dicen que quieren verificar si el juez tuvo expresiones contra el Poder Ejecutivo previas al fallo y argumentan que quieren saber qué urgencia tenía este expediente para ser resuelto respecto de otros.
En tren de comparaciones, en el Consejo nadie pidió un informe sobre el estado de causas en trámite en la vocalía de Carlos Mahiques en la Cámara de Casación ordinaria antes de trasladarlo en forma definitiva a la Casación Federal sin que rindiera examen. Sus propios colegas se quejaron porque esa decisión de traslado se tomó a sus espaldas, le atribuyen retrasos a Mahiques y es un tribunal caracterizado por la falta de estructura y empleados, a la inversa que la Casación Federal. Mahiques es el padre del Mahiques del Consejo, y fue ministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires el año pasado.
Las medidas contra Arias Gibert y Marino finalmente no se votaron el jueves porque el consejero y juez Luis Cabral pidió una postergación para analizarlas. Si avanzan, implica que se abre una investigación lisa y llana contra los camaristas, básicamente por un fallo que al régimen no le gustó. La semana pasada la Comisión, curiosamente, estaba más cerca de votar la desestimación del planteo de jury. Pero el presidente Pablo Tonelli (Cambiemos) se enojó cuando votaban otro caso, el de Eduardo Freiler, al ver que Jorge Candis, el representante académico no apoyaba la acusación contra ese camarista federal. Porque el voto de Candis era el que necesitaba el macrifascismo para lograr abrir el juicio político en el plenario. En comisión se votó la acusación contra Freiler pero en plenario se suspendió el tratamiento porque el oficialismo no conseguía los votos.
El jueves, mientras naufragaba el plenario, llegaron oportunamente nuevas denuncias contra Freiler, dos del abogado Ricardo Monner Sans y dos de la agrupación Será Justicia, con las que la comisión votó abrirle un nuevo expediente para redoblar la apuesta.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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