EL JUEZ FEDERAL MARCELO MARTÍNEZ DE GIORGI ORDENÓ EL ALLANAMIENTO DE LA EMPRESA IECSA, QUE PERTENECÍA AL PRIMO DE MUGRIZIO MACRI, ÁNGELO CALCATERRA, EN LA CAUSA QUE INVESTIGA EL SUPUESTO PAGO DE SOBORNOS PARA EL SOTERRAMIENTO DEL TREN SARMIENTO EN EL MARCO DEL ESCÁNDALO DEL "LAVA JATO" BRASILEÑO.
Los allanamientos también fueron ordenados en las sedes de las empresas Odebrecht y Ghella, que integran la UTE con Iecsa que ganó la licitación para las obras del soterramiento.
Las medidas fueron dispuestas por el juez luego de decretar el "secreto de sumario" en el marco de una de las tres causas que tiene Odebrecht abiertas en la Argentina.
Una de esas causas, el soterramiento, que involucra una inversión de unos 45 mil millones de pesos, está bajo investigación de Martínez De Giorgi.
El secreto de sumario es una medida que habitualmente adoptan los jueces cuando se aprestan a detener a personas o realizar allanamientos. Justamente por ese secreto no trascendió el resultado de los allanamientos, que tuvieron lugar en las últimas horas.
Se trata de la causa por sobreprecios de $ 300 millones así como por el pago de sobornos para ganar la licitación. El operativo tuvo lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en Alem al 800, a fin de recolectar registros de la obra.
Sin embargo, los allanamientos no son la única novedad judicial vinculada con la empresa brasileña. El fiscal federal Federico Delgado pidió que la ANSeS entregue a la Justicia un informe sobre el "respaldo legal" que tuvo la firma de un acuerdo mutuo entre ese organismo y AySA por $ 890.000 millones, en la causa que investiga el supuesto pago de sobornos para la construcción de dos plantas potabilizadoras en el Paraná de las Palmas, adjudicada a la empresa Odebrecht.
Delgado requirió al juez federal Sebastián Casanello que pida a la Anses en un "plazo breve y perentorio" que informe "el respaldo legal del mutuo (así se dice cuando se trata de acuerdos de dinero) entre AySA S.A. y el citado organismo por la suma de 890.000 millones de pesos del 21 de agosto de 2008 por un plazo de 10 años, aprobado por resolución del Ministerio de Planificación n° 776".
Vale recordar que el 24 de mayo pasado el juez federal Sebastián Casanello había ordenado un allanamiento en la sede argentina de la empresa Odebrecht, en el marco de la otra causa que investiga el supuesto pago de sobreprecios y coimas en la construcción de una planta de AySA en Tigre.
"La idea es contar con un informe y no con expedientes. Esto es decisivo, obtener un informe y no documentos cuyo abordaje se vuelve materialmente imposible", explicó el fiscal en el pedido al juez. Casanello investiga el supuesto pago de sobornos por parte de la empresa constructora Odebrecht para adjudicarse esas obras, en el marco del escándalo conocido como "Lava Jato".
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