EL JEFE DE LA AGENCIA FEDERAL DE INTELIGENCIA (AFI), GUSTAVO ARRIBAS, DENUNCIÓ POR "FALSO TESTIMONIO" Y "COHECHO" AL ARREPENTIDO DEL ESCÁNDALO DEL LAVA JATO BRASILEÑO LEONARDO MEIRELLES, LUEGO DE QUE EL OPERADOR DECLARARA QUE HUBO TRANSFERENCIAS DE PARTE DE ODEBRECHT AL FUNCIONARIO NACIONAL EN CONCEPTO DE COIMAS.
La presentación fue efectuada ayer ante la Cámara Federal y tras el sorteo quedó a cargo del juez federal clarinista Claudio Bonadio.
La semana pasada, Meirelles ratificó ante la justicia argentina que hubo "diez" transferencias a la cuenta bancaria de Arribas en la sucursal Zurich del banco Credit Suisse, por un total de 850 mil dólares a modo de coimas.
A raíz de esa declaración la Cámara Federal concedió la semana pasada la apelación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que pretende reabrir la investigación por presunto cobro de sobornos provenientes de la brasilera Odebrecht contra Arribas.
La Sala I hizo lugar a la apelación de Santiago Eyherabide, de la PIA, luego de que el oficialista fiscal de segunda instancia, Germán Moldes, desistiera de la acusación contra el jefe de inteligencia.
Tras esta decisión de la Cámara Federal, será ahora la Cámara de Casación la que defina si reabre la investigación contra el jefe de la AFI, que había sido archivada a principios de, luego de que fuera sobreseído en primera instancia por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
En su voto, Freiler consideró que la PIA tiene "legitimación" para intervenir pues el organismo lo hace cuando "se efectúe una imputación formal de delito contra un agente público por hechos vinculados con el ejercicio de su función".
"Esa circunstancia amerita indudablemente admitir la intervención en este proceso de la PIA frente a la falta de ejercicio por parte del representante del Ministerio Público Fiscal", dijo Freiler en referencia a Moldes.
El juez Ballestero votó en adhesión a Freiler en tanto que el tercer magistrado, Leopoldo Bruglia, consideró que no tiene legitimación la PIA para intervenir a esta altura de la causa, puesto que no lo hizo desde sus inicios.
Bruglia dijo además que los hechos no están vinculados con el ejercicio de la función pública de Arribas, puesto que al momento de los hechos él no era funcionario.
Ahora se debe sortear qué sala de la Cámara Federal de Casación Penal será la que resuelva finalmente si reabre la causa y, aunque no está obligada a hacerlo, podría evaluar los dichos que por primera vez brindó Meirelles ante la Justicia argentina.
El jueves pasado, en otra causa donde se sospecha de pago de sobreprecios a Odebrecht, Meirelles dijo ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez, este último de la PIA, que fueron diez las transferencias a favor de Arribas por 850 mil dólares como "propinas".
El titular de la AFI sostuvo siempre que tan solo recibió un giro de 70 mil dólares en 2013 por la venta de bienes muebles y que jamás recibió otras transferencias de Meirelles, ahora testigo clave del Lava Jato, la investigación por corrupción que sacude a Brasil y que lidera el juez federal Sergio Moro.
En este marco, la empresa brasileña Odebrecht le propuso al fiscal federal Delgado revelar "la identidad y el paradero" de los supuestos responsables de pagar y cobrar sobornos en la Argentina.
La filial argentina de Odebrecht pidió por escrito la celebración de un "acuerdo de cooperación" -en el marco de lo que establece la ley de delación premiada- para "colaborar" con las investigaciones de la justicia argentina.
La oferta consiste en "revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos", así como "averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito".
"Los datos o información a aportar contribuirán a esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos, revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de estos hechos investigados o de otros conexos, así como también averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito", aseguró la empresa en el escrito.
Según reconoció Odebrecht ante la justicia de Estados Unidos, pagó sobornos en la Argentina por un total de 35 millones de dólares entre 2007 y 2014.
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