LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS SE PRONUNCIÓ CONTRA EL BENEFICIO OTORGADO POR LA CORTE SUPREMA A UN REPRESOR Y SEÑALÓ SU "PREOCUPACIÓN" ANTE LA INTERPRETACIÓN UTILIZADA POR ROSENKRANTZ, ROSATTI Y HIGHTON DE NOLASCO. TRAS LA MASIVA MARCHA A PLAZA DE MAYO CONTRA EL FALLO, LA CIDH CELEBRÓ QUE “LA VOZ DE LAS VÍCTIMAS SE HA HECHO ESCUCHAR”.
“Los delitos de lesa humanidad tienen una serie de características diferenciadas del resto de los delitos”, recordó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al sumarse ayer al amplio rechazo que recogió el fallo de la Corte Suprema que otorgó al represor Luis Muiña el beneficio del 2x1.
En la misma línea adoptada la semana pasada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), la CIDH expresó su preocupación por la decisión del máximo tribunal argentino y señaló que el fallo “se aparta de los estándares internacionales en la persecución de graves violaciones a los derechos humanos”.
La Comisión Interamericana, un órgano autónomo la OEA surgido de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reseñó en un comunicado que el pasado 3 de mayo la Corte Suprema argentina decidió “aplicar un cómputo que tiene por efecto reducir sensiblemente el tiempo en prisión de una persona que fue condenada por crímenes de lesa humanidad”. Remarcó que la ley 24.390 -el llamado 2x1- estuvo vigente entre 1994 y 2001, mientras el represor Luis Muiña recién fue detenido preventivamente en octubre de 2007.
Tras expresar su “consternación” por la interpretación de los jueces Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, la CIDH insistió en que el derecho internacional obliga a enjuiciar y castigar a los autores de crímenes que tienen a la humanidad como víctima. “Los Estados tienen por lo tanto la obligación internacional de no dejar impunes estos crímenes y asegurar la proporcionalidad de la pena”, añadió el organismo, que señaló que la aplicación del 2x1 desvirtúa la proporcionalidad de la pena y contraría los estándares interamericanos de derechos humanos.
Ya las condenas al fallo de la Corte habían traspasado las fronteras argentinas la semana pasada, cuando la Oficina para América del Sur de ACNUDH advirtió que al aplicar la llamada “ley penal más benigna” los jueces no pueden desconocer “los estándares internacionales aplicables a los delitos de lesa humanidad”.
El titular del organismo de la ONU, Amerigo Incalcaterra, advirtió entonces que “el Estado argentino, y la Corte Suprema como instancia del Estado, deben cumplir no sólo el derecho interno, sino también la normativa internacional aplicable y los compromisos asumidos a nivel internacional”.
Hoy la CIDH agregó que “toma nota” de la aprobación en el Congreso de una ley que explícitamente excluye a los condenados por delitos de lesa humanidad del beneficio del 2x1. También celebró que “la voz de las víctimas se ha hecho escuchar en la defensa de los importantes avances que se han hecho en la lucha contra la impunidad” y expresó su respaldo a los organismos de derechos humanos por “su importante labor para exigir el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación de estos graves crímenes”. El pasado miércoles más de 500 mil personas desbordaron la Plaza de Mayo y sus alrededores para expresar el rechazo al fallo de la Corte, en una protesta que se repitió masivamente en todo el país.
A la instancia intearmericana ya llegaron al menos cuatro presentaciones contra el fallo de la Corte. Fueron realizadas por la nieta recuperada Claudia Domínguez Castro; por Gladis Cuervo, víctima de la patota del Hospital Posadas en la que actuó Muiña; por el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, y por la diputada macrifascista Anabella Hers.
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