LA TITULAR DE LA CÁMARA DE CASACIÓN PENAL CUESTIONÓ LA PERMANENCIA EN LA CORTE DE QUIENES FIRMARON EL FALLO A FAVOR DE LOS GENOCIDAS. VINCULÓ AL GOBIERNO CON ESA DECISIÓN.
La titular de la Cámara de Casación Penal, María Laura Garrigós de Rébori, sostuvo que, al fallar a favor del 2x1 para los represores, la Corte Suprema cometió un “error” no solo jurídico sino también “político”, porque “como cabeza del Poder Judicial, tiene la obligación de llevar adelante políticas de Estado”, como lo es la defensa de los Derechos Humanos. "Perdieron conexión con la realidad", dijo la magistrada sobre los jueces que firmaron el fallo y cuestionó su permanencia en el máximo tribunal.
“Se equivocaron en la lectura de la realidad que están viviendo”, sostuvo la magistrada, que también sugirió que “algo pasó” en los integrantes del máximo tribunal para que “se haya hecho una lectura tan sesgada del contexto jurídico y socio político”, como lo fue abrir la puerta a la posibilidad de que más de 270 represores queden en libertad.
En declaraciones a las radios Delta y La Red, Garrigós de Rébori vinculó al régimen fascista de Mugrizio Macri con la decisión de Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco. "No creo que se los hayan pedido [el fallo], pero no hace falta que decirles a los jueces lo que tienen que hacer, basta con nombrar a la persona indicada que uno piensa que va hacer lo que uno quiere que haga", reflexionó.
Respecto del efecto político del fallo, la titular de Justicia Legítima sostuvo que la masiva movilización de la semana pasada a Plaza de Mayo en contra del 2x1 para los genocidas “da la razón” de que esa decisión fue “sesgada” y añadió que “omitió la realidad” de una sociedad que rechazó “de manera unánime” la posible liberación de genocidas.
En cuanto al “error” jurídico, sostuvo que “al haber interpretado esa ley (del 2x1) en el sentido que lo hicieron, los ministros ignoraron los tratado internacionales” en materia de Derechos Humanos que tienen rango constitucional, así como “también la ley 27.156” (sancionada en 2015), que establece que las penas por delitos de lesa humanidad “no son conmutables”, ni tampoco objetos de amnistías ni indultos.
“Traspusieron el límite sin advertir que no podían trasponerlo”, sintetizo Garrigós de Rébori, al tiempo que sostuvo que los tres jueces que votaron a favor de la conmutación de penas a los represores no tomaron esa posición “para inmolarse” sino que lo hicieron “convencidos de que esa era la decisión que debían tomar”.
"Creo que no está bien la permanencia en la Corte de algunos de los firmantes. Se han equivocado largamente. Estamos reivindicando hoy a Maqueda y Lorenzetti como los que mantienen las políticas de Estado a nivel judicial. Los demás han perdido conexión con la realidad", afirmó.
Asimismo, estimó que los jueces también pudieron haber sido influidos “por lo que (días antes) hizo la Conferencia Episcopal”, al llamar a la reconciliación nacional, o bien “por los editoriales de los diarios que saludaron el arribo del nuevo gobierno”.
No obstante, la jueza evaluó que “la Corte no es un club de amigos ni de colegas afectuosos” y en este sentido estimó tal vez haya “una situación bastante ríspida” entre sus integrantes, como consecuencia de la reacción social e internacional que tuvo esa medida. “Sería incomprensible que no adviertan que hay rechazo y repudio notables, y que piensen que la otra salida (la del rechazo al 2x1) era mejor” y calculó que “estarán pasándose facturas”.
Por otra parte, la camarista se expresó a favor de una ampliación de la cantidad de miembros del máximo tribunal al sostener que una medida de ese tipo podría “agilizar” su funcionamiento. “Esta Corte así es inviable; tiene 20 mil causas esperando definición”, dijo y sugirió que una de las salidas a este problema podría ser la creación de un nuevo “sistema de trabajo” para el máximo tribunal. Podrían establecerse “una división en salas especializadas y, en todo caso, un pleno para asuntos constitucionales”, recomendó.
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