Diputados aprobó el proyecto que frena el 2x1 a represores

EL OFICIALISMO Y LA OPOSICIÓN CONSENSUARON UNA INICIATIVA QUE FRENE LA APLICACIÓN DEL "2×1" EN DETENIDOS POR CRÍMENES DE LESA HUMANIDAD. LA CÁMARA BAJA LA APROBÓ CERCA DE LAS 23 CON 211 VOTOS AFIRMATIVOS Y UNO NEGATIVO, DEL IMPRESENTABLE DIPUTADO SALTEÑO ALFREDOOLMEDO. SE ESPERA QUE ESTE MIÉRCOLES EL SENADO SESIONE PARA DARLE SANCIÓN DEFINITIVA.

El texto del dictamen plantea que el artículo 7 de la derogada ley 24.390, en la que se amparó el máximo tribunal para otorgar el cómputo del 2x1 al represor Luis Muiño, "no es aplicable a conductas delictivas que encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional".

En su artículo 2, el proyecto consigna que para el resto de los delitos, el beneficio del 2x1 sólo puede aplicarse a "aquellos casos en los que el condenado hubiere estado privado de su libertad en forma preventiva durante el período comprendido entre la entrada en vigencia y la derogación de esa ley", es decir, entre 1994 y 2001. Se trata de un proyecto consensuado a partir de varias iniciativas, incluso del PRO: el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, trabajó junto al diputado nacional Pablo Tonelli, en la letra fina de la propuesta que finalmente fue trasladada a la Cámara baja.

Mientras que en la Cámara de Diputados ya estaba cocinado el respaldo al proyecto, en la víspera de la convocatoria a una movilización masiva a Plaza de Mayo en repudio al fallo de la Corte, en el Senado convocó a una sesión especial para este miércoles por la mañana a fin de darle sanción definitiva de la ley.

Con la presencia en los palcos del recinto de referentes de Derechos Humanos, como la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de la dirigente de Madres de Plaza de Mayo, "Taty" Almeida, la ronda de discursos comenzó con el diputado del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita) Remo Carlotto, quien calificó como "vergonzoso" el fallo de la Corte Suprema.

La siguiente en tomar la palabra fue la hija de desaparecidos y diputada de Libres del Sur Victoria Donda, que catalogó la sentencia a favor de Muiña como "uno de los más vergonzantes y aberrantes en su historia", sólo parangonable con el fallo que justificó el golpe militar contra el Gobierno de Hipólito Yrigoyen.

La legisladora del interbloque Progresistas dijo en este sentido que el deber del Congreso es no "permitir que se vuelva a levantar un muro de impunidad en nuestro país".

"Tenemos que decir que acá a los genocidas no se los perdona, no se les conmuta la pena y que eso queda prohibido por ley", aseguró, y apuntó contra los tres magistrados cuestionados: "Señores jueces, ¡Nunca Más!".

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli justificó la decisión de los jueces, al sostener que "no tuvieron más remedio" que "aplicar la ley más benigna" tal como manda la ley y por más que estuviera derogada, aunque admitió la preocupación por "las consecuencias futuras" del fallo.

El jefe de la bancada del FpV-PJ, Héctor Recalde, disintió con la postura del oficialismo respecto de la neutralidad del sentido del fallo, y acusó los jueces que firmaron por la mayoría una "intencionalidad política" para "dar marcha atrás en la lucha por los Derechos Humanos". 

Por su parte, líder de la Coalición CíNica, Elisa Carrió, planteó sus diferencias ante el fallo de la Corte Suprema aunque responsabilizó al kirchnerismo por no haber sancionado en 12 años una ley aclaratoria para evitar una sentencia judicial que, según consideró, "es correcto desde el punto de vista del positivismo jurídico" (ver nota aparte en esta misma edición).