EL JUEZ CLARINISTA ORDENÓ OPERATIVOS EN EL PALACIO DE HACIENDA, ANSES, LA CNV Y EMPRESAS PRIVADAS POR UNA CAUSA QUE SURGIÓ A RAÍZ DE UNA INVESTIGACIÓN PERIODÍSTICA.
El juez federal clarinista Claudio Bonadio ordenó allanamientos en el Ministerio de Finanzas y empresas privadas en la investigación por las operaciones presuntamente irregulares con los activos financieros del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que surgieron a partir de una investigación periodística.
Ya fueron imputados el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el titular de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, y otros dos ex funcionarios que condujeron el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). El fiscal Jorge Di Lello los acusó del presunto delito de administración fraudulenta de fondos públicos.
Por orden del juez, los operativos lo realizó la Policía Federal en el ministerio de Finanzas, en la ANSeS, en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en las empresas Indupa, Pampa Energía, Braskem Argentina y en la constructora IECSA, esta última fue vendida recientemente por Ángelo Calcaterra, primo de Mugrizio Macri. Los allanamientos fueron ordenados tras un pedido de pruebas solicitadas por Di Lello.
De acuerdo a la denuncia, en octubre del 2016 el FGS aprobó la suscripción de un bono de deuda en dólares a una tasa fija de 7,12% emitido por Córdoba para la financiación de gasoductos.
En esa acta, los funcionarios aprobaron la monetización de otro título de deuda pública con un rendimiento del 12,5%. De acuerdo al escrito, la medida habría generado una pérdida de U$S 75 millones al Estado.
Según la acusación fiscal y de acuerdo a la investigación del periodista Tomás Lukin, el bono monetizado habría sido ofrecido a entidades financieras internacionales y mencionó los antecedentes profesionales de Caputo con el JP Morgan y el Deutsche Bank.
En su requerimiento, Di Lello también pidió investigar al FGS por la venta de las acciones que el Estado tenía en Solvay Indupa a Unipar Carboclor.
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