Un BMW con nombre y apellido y con el baúl vacío: otra opereta contra Milagro Sala desestimada por la Justicia

OTRA OPERACIÓN MEDIÁTICA DE GERARDO MORALES I DE JUJUY CONTRA MILAGRO SALA, ARCHIVADA POR LA JUSTICIA

“Información de último momento, secuestraron en Córdoba un auto importado que pertenece a Milagro Sala, la líder de Tupac Amaru”. Así daba la primicia la ultra oficialista radio Mitre de la noticia sobre la aparición de un BMW que había sido abandonado en un estacionamiento de la capital cordobesa. El movilero de la radio del Grupo Clarín ampliaba: “de acuerdo a lo que pudo conocer el móvil de radio Mitre, en su interior había una importantísima suma de dinero. El auto es un BMW coupé, color gris. Se llegó (al auto) a través de una denuncia de Gerardo Morales, el actual gobernador de Jujuy, que la radicó en la Justicia Federal”.

Pasó menos de un año desde aquel episodio que tuvo un intenso raid mediático, sumándole una sospecha más a Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016 y cuya libertad es reclamada por organismos internacionales de Derechos Humanos, la OEA y la ONU. Los diarios, portales, canales de TV y radios se hicieron eco de la supuesta noticia, basada, se sabe hoy, en una operación con tintes de inteligencia y que tuvo al gobernador fascista Gerardo Morales y a la justicia jujeña como elementos claves.

Ahora, la Cámara Federal cordobesa declaró la “nulidad” del registro y secuestro del auto y el archivo de las actuaciones por “no constituir delito el hecho investigado”. 

La opereración

El BMW está a nombre de Nortelevisa SA, que también había sido falsamente ligada a la líder de la Tupac Amaru a través de un contrato, a la vista trucho, que circula en la web desde hace algunos años, en el cual se afirma que Sala pagó ocho millones de dólares para convertirse en accionista mayoritaria del canal. En el auto no se encontraron los millones que mencionaba Radio Mitre, pero sí una cédula azul a nombre de Eduardo Camusso, un ex legislador jujeño, que negó tener vínculos con Sala.

El fallo deja entrever los mecanismos de la operación. La denuncia había sido radicada por Celia Esther Álvarez, dueña del garaje donde estaba estacionado el BWM, cuyo conductor había abonado una semana de estacionamiento por adelantado. Vencido ese plazo, nadie apareció a buscarlo. 

Preocupada, Álvarez se calzó el traje de investigadora y “decidió realizar averiguaciones sobre la titularidad del vehículo”. Llegó a descubrir no sólo que el auto era de Nortelevisa sino que, en su denuncia, agregó que en dicha empresa es “accionista mayoritaria la dirigente social Milagro Amalia Ángela Sala”. Increíblemente, Álvarez no sólo pidió que se removiera el vehículo, sino que promovió una acción penal contra Sala.

La maniobra estaba en marcha y había que ligarla directamente con la justicia jujeña. El Juez Federal de Córdoba tomó el caso, dispuso una consigna policial, llamó a los medios y ordenó el registro y secuestro del automóvil. Según consta en actas, “para fundar tal decisión -indica la Cámara Federal cordobesa en el fallo que determinó la nulidad de lo actuado-, tuvo en cuenta (el juez) la denunciada realizada y la certificación actuarial de una comunicación telefónica con el secretario de la Fiscalía Federal Nº 1 de San Salvador de Jujuy, quien informó al Tribunal estar interesado en el registro y secuestro del vehículo mencionado, a propósito de la investigación” que se realizaba en aquella provincia sobre Milagro Sala por “fraude a la administración pública”. 

Hasta aquí, la operación al descubierto: un auto misterioso de lujo, con millones adentro y propiedad de un empresario falsamente ligado a Sala; la dueña de un garaje todo terreno que “descubre” quién es el dueño y la composición societaria de la empresa titular del vehículo; la Justicia forzando el vínculo para darle intervención (¡telefónica!) al Poder Judicial jujeño.

La realidad: para el Fiscal General de Córdoba, Alberto Lozada, la presentación hecha por Álvarez “no constituye por sí mismo un delito”, sino un “anoticiamiento de un hecho sospechoso”. Lozada consideró, también, que el juez Federal de Córdoba “se atribuyó una competencia” que no le corresponde, dispuso “medidas que no le competen”, sin que “existiera un exhorto del tribunal jujeño requiriéndole cooperación judicial”. El Fiscal General invalidó lo actuado por el juez y pidió el archivo de todas las actuaciones.