DURANTE LA JORNADA DE AYER, LOS TRABAJADORES DEJARON LA PLANTA DE MANERA PACÍFICA, ANTE LA AMENAZA DE UN VIOLENTO DESALOJO.
Los trabajadores de AGR-Clarín se retiraron pacíficamente ayer de la imprenta ubicada en Pompeya ante la confirmación de la orden desalojo por parte del juez Pablo Casas y el enorme operativo montado por la policía y la Gendarmería para sacar de las instalaciones del holding a los empleados gráficos, quienes mantuvieron la toma durante 80 días en defensa de los 380 puestos de trabajo de la planta.
"Vamos a continuar peleando en defensa de nuestros puestos de trabajo. Esta lucha sigue con un acampe en la puerta", anunció el delegado Pablo Viñas.
En la puerta de la imprenta, luego de una asamblea de delegados, Viñas hizo un llamado a la Federación Gráfica Bonaerense (FGB) y a la CGT para convocar "un paro activo nacional y un plan de lucha contra el ajuste y la represión”.
"Basta de despidos, por la defensa de los puestos de trabajo, por paritarias libres y el respeto al convenio colectivo. Todo esto ha encerrado este conflicto que sigue en pie", agregó el delegado.
Antes de abandonar la planta, los trabajadores, quienes estuvieron acompañados por el legislador del Partido Obrero Marcelo Ramal y la abogada María del Carmen Verdú, recorrieron la imprenta con una comisión policial para inspeccionar el estado de salud de los ocupantes y el estado general de la maquinaria y de las instalaciones.
La orden de desalojar la planta fue dada por Casas, subrogante del Juzgado Contravencional N° 14, luego de una semana cargada de versiones sobre un inminente desenlace, que provocó la solidaridad de diversos partidos de izquierda, organizaciones sociales y de derechos humanos con los trabajadores.
El desalojo había sido apelado por las abogadas Claudia Ferrero (Apel) y Verónica Quinteros (Liberpueblo), quienes ayer al mediodía también presentaron en el juzgado una nota firmada por Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel y otros dirigentes políticos y sociales solicitando una mediación.
"El juez nos recibió y dijo que quien debería haber pedido la mediación era el fiscal, que hasta ahora se negó a atendernos", denunció Ferrero, quien agregó que el Ministerio de Trabajo se negó a reconocer el conflicto.
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