LA EXPRESIDENTA CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER APELÓ EL PROCESAMIENTO QUE EL DICTÓ EL JUEZ FEDERAL CLAUDIO BONADIO, AL CONSIDERARLA JEFA DE UNA ASOCIACIÓN ILÍCITA DESTINADA A LAVAR DINERO A PARTIR DE LOS ALQUILERES DE SU EMPRESA LOS SAUCES.
Fuentes judiciales informaron que Carlos Beraldi, defensor de la ex mandataria, acusó a Bonadio de "violar garantías constitucionales" con el procesamiento, y advirtió que "de ser necesario" apelará hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos internacionales de derechos humanos.
Cristina Fernández de Kirchner fue procesada y embargada por 130 millones de pesos, al ser considerada -junto a su hijo Máximo Kirchner- como la jefa de una asociación ilícita destinada a crear una empresa que recibió retornos de la obra pública de empresarios que fueron beneficiados con la licitación de las mismas durante su gobierno.
En el escrito, Beraldi cuestionó que Bonadio decretara los 21 procesamientos, entre ellos, el de Florencia Kirchner, y luego se declarara incompetente y remitiera la causa por conexidad a su colega Julián Ercolini, quien tiene a cargo el caso Hotesur y la investigación por direccionamiento de la obra pública.
"Lo que resulta aún más desconcertante y por cierto ilegítimo es que pese a reconocer su incompetencia de todas maneras dispuso el procesamiento y embargo preventivo de veintiún personas, vulnerando de la manera más grave que pueda imaginarse los principios constitucionales", sostuvo el abogado, quien, además, cuestionó que no hubo precisión a la hora de detallar el hecho imputado, por la fecha de conformación de Los Sauces.
"No se entiende ni se explica de qué manera el pago de alquileres con dinero que en todos los casos se encuentra bancarizado pudo haber lesionado, como afirma el magistrado, 'la tranquilidad pública' y la 'paz social', lesionando la 'seguridad cognitiva' de los ciudadanos al producir 'alarma colectiva'", indicó al respecto.
Según la defensa de la ex jefa de Estado, "todos los inmuebles que componen el patrimonio de Los Sauces S.A. se encuentran declarados ante los organismos de contralor según la normativa, siendo falsos todos los trascendidos periodísticos que pretenden poner en duda tal circunstancia".
"Todos los movimientos económicos de la sociedad se encuentran bancarizados, lo cual permite una total trazabilidad de los fondos en danza", resaltó el escrito.
"Se han violentado incontables garantías procesales y sustantivas establecidas en la Constitución Nacional", acusó el abogado y advirtió que "de ser necesario" apelará "a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los Organismos Internacionales de Derechos Humanos competentes por las vías legales pertinentes".
Ahora, los argumentos de Cristina deberán ser analizados por la Sala I de la Cámara Federal, que puede confirmar lo resuelto por Bonadio o bien revocarlo. En caso de ratificar el procesamiento, la exmandataria quedará más cerca del juicio oral y público en esta causa.
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