PARA AYER ESTABA PREVISTA LA AUDIENCIA EN LA CÁMARA FEDERAL PARA ANALIZAR EL ACUERDO POR LA DEUDA DEL GRUPO MACRI POR EL CORREO, EL REPRESENTANTE DEL ESTADO PIDIÓ UNA SUSPENSIÓN DE 120 DÍAS PARA TRATAR EL TEMA.
La Sala B de la Cámara en lo Comercial suspendió la audiencia por el concurso y la deuda del Correo Argentino S.A., controlado por el Grupo Macri hasta 2003, tras un pedido del régimen fascista para posponerla por 120 días.
El lapso, teniendo en cuenta que son días hábiles a los que se suman cuestiones burocráticas congelarían la resolución del conflicto hasta después de las legislativas.
La audiencia había sido solicitada públicamente por Mugrizio Macri, luego de que la fiscal ante la Cámara, Gabriela Boquín, rechazara por "abusivo" el acuerdo aceptado por el Estado, que favorecía a la empresa de la familia Macri en 4000 mil millones de pesos en la actualidad y en 70 mil millones al finalizar el plan de pagos propuesto.
Tras unos pocos minutos de audiencia, las juezas María Lilia Alonso de Díaz Cordero y Matilde Ballerini aceptaron el pedido por escrito del representante del Estado Nacional, Juan Bernabé Aráoz, para que la audiencia se posponga hasta julio próximo. Ahora, las partes serán notificadas para que se expidan sobre el pedido de prórroga.
Primero deberán expedirse los síndicos intervinientes y luego será el momento de la fiscal Boquín para que, finalmente, el tribunal resuelva. Algo que, según fuentes de la causa, podría extenderse hasta noviembre. Hasta entonces, la causa permanecerá paralizada a pedido del Gobierno, mientras avanza el año electoral y el Ejecutivo prepara dos decretos para regular los conflictos de intereses, que tras el escándalo del Correo volvieron a producir una marcha atrás del Poder Ejecutivo por la cesión de rutas áreas a Avianca.
En caso de ser aceptada, la prórroga volverá a extender el plazo de resolución de un concurso que lleva seis años en manos de la Sala B, cuando los plazos legales ordenan que se resuelva en tres.
En la audiencia solicitada por el presidente de Correo Argentino S.A, Jaime Cibils Robirosa, el ministro de Comunicaciones Oscar Aguad, cumplió con su parte tras el escándalo y dio marcha atrás con el acuerdo firmado en junio pasado por el director de asuntos Jurídicos del Ministerio de Comunicaciones, Juan Mocoroa, -quien no se presentó a la audiencia de ayer-, que favorecía a la familia Macri con algo “equiparable a una condonación de la deuda” que el Grupo Macri mantiene con el Estado, según el dictamen de la fiscal Boquín.
Cibils Robirosa, representante del Grupo Macri, repitió en la audiencia la línea argumental del régimen, al indicar que tras la marcha atrás, el objetivo es "tratar de encontrar de buena fe y en conjunto una salida razonable a este largo proceso concursal" y criticó el dictamen de la fiscal al considerar que el acuerdo que permitía al holding de los Macri pagar sólo el 1,8 por ciento de la deuda.
Además, el titular del Correo Argentino S.A volvió a sostener que la empresa de los Macri debe percibir lo que le correspondía por la "confiscación" de bienes, "sin pagar un solo centavo", que le realizó en 2003 el gobierno de Néstor Kirchner.
El argumento presentado por el régimen para pedir la prórroga es el plazo que se estimó para que la Auditoría General de la Nación (AGN) complete el trabajo que se le encomendó: la producción informes sobre la intervención del Ministerio de Comunicaciones, la ex Secretaría de Comunicaciones y en la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y el análisis de los créditos del Estado con Correo Argentino al momento de la presentación del concurso.
Cabe recordar que un fallo de la Corte Suprema en marzo de 2009 había ratificado un dictamen del entonces procurador general Esteban Righi en el que le daba razón al Estado y cuestionaba la estrategia del Correo, manejado por el Grupo Macri, por pretender desconocer la deuda de cánones de la concesión del servicio, estimada desde el inicio del concurso en 296 millones de pesos, o compensarla con créditos que comenzó a reclamar en demandas que le inició en simultáneo al Estado.
Entonces, la Sala B había aceptado abrir un incidente con un proceso especial de pruebas dilucidar si el crédito existía o no, tarea que ahora realizará la la Auditoría General de la Nación (AGN). Entonces, Righi cuestionó con dureza al tribunal, sostuvo que no había ninguna duda de la existencia del crédito y dijo que había una “dilación injustificada del trámite” cuya consecuencia era que el Estado no percibía lo que le correspondía en término.
La única novedad producida en la breve audiencia de este mediodía fue que las juezas de la Sala B aceptaron el pedido de la Oficina Anticorrupción (AO) para poder compulsar el expediente, de más de 200 cuerpos y casi 25.000 fojas.
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