Por Néstor Llido, para Diario Popular
UN INFORME DE LA PROCURACIÓN PENITENCIARIA DE LA NACIÓN ALERTA SOBRE LA EXISTENCIA DE SUPERPOBLACIÓN DE RECLUSOS EN UNIDADES QUE NO CUENTAN CON LOS CUPOS NECESARIOS PARA ALOJARLOS.
En este corto período que va del 2017, las cárceles federales de nuestro país volvieron a superar el “récord histórico de personas detenidas” y en tal sentido, los registros oficiales indican que, desde el último 20 de enero, se profundizó la problemática de “superpoblación” en las unidades penales.
Si bien ha existido un incremento del cupo de alojamiento para reclusos, esta situación no pudo ser contenida y tiende a complejizarse, sobre todo en las unidades penales de Ezeiza y Marcos Paz.
“En la actualidad, hay más personas encarceladas que la capacidad total de alejamiento que fuera declarada oficialmente”, sostiene un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN), donde alertan sobre problemas latentes con los adultos varones que se encuentran privados de su libertad en condiciones casi inhumanas.
“El escenario se agrava considerablemente en algunos establecimientos en particular. El Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, al viernes 10 de febrero alojaba a 141 personas para las cuales no contaba con cupo disponible. Aún peor es la situación del Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, que a esa fecha alojaba a 184 detenidos por encima de su capacidad declarada”, se denuncia.
Crecimiento sostenido
Está claro que la cantidad de presos hace crecido, de manera sostenida en los últimos años, en contraposición a la instalación mediática ante la opinión pública, sustentada en una vulgar frase sin basamento empírico, como la de “en la Argentina nadie va en cana”.
Y así lo demuestra la tasa de encarcelamiento, que según las últimas estadísticas oficiales, correspondientes a 2015, asciende a 168,5 personas presas cada 100.000 habitantes.
Esa tendencia abarca a las unidades penales, tanto dependientes de las provincias, como a nivel nacional. “En el Servicio Penitenciario Federal, a los efectos de hacer frente a la demanda de mayor cantidad de cupos para alojar reclusos, en 2014 se amplió progresivamente la capacidad de alojamiento de los establecimientos penitenciarios de forma arbitraria, sin considerar criterios objetivos de habitabilidad. Pese a estas medidas y la manipulación de los datos oficiales de alojamiento, se detectaron algunos focos de sobrepoblación en los complejos penitenciarios que alojan a varones adultos del área Metropolitana de Buenos Aires”, sostiene el documento de la PPN.
Además, apuntan a que “el problema de la sobrepoblación se complejiza, debido a que no existe información confiable acerca de las capacidades de alojamiento de las distintas unidades penitenciarias, observándose a menudo incrementos del cupo declarado que no van acompañados de la habilitación de nuevas plazas de alojamiento”.
Graves efectos
“En función de ello, durante 2013 se presentó un proyecto de ley (denominado “Ley para la Acreditación Funcional de Establecimientos para la Privación de la Libertad y Control de la Superpoblación”) con el fin de establecer un mecanismo para la definición de criterios objetivos de las capacidades de alojamiento en las prisiones y poner en marcha un sistema de alertas que derive en intervenciones articuladas entre diversas agencias estatales cuando los establecimientos se acerquen a completar sus capacidades declaradas”, agregan.
El documento destaca, por si hiciera falta, que entre “los efectos más graves de la sobrepoblación carcelaria, se da el hacinamiento y la falta de privacidad; el deterioro edilicio y material; la degradación de las condiciones higiénico-sanitarias; la imposibilidad de acceder a trabajo, educación, actividades recreativas así como de mantener los vínculos familiares y sociales; la deficiente alimentación y atención a la salud; tortura, malos tratos y el incremento de la violencia intracarcelaria; el contagio de enfermedades, entre otras cuestiones”.
Derechos vulnerados
Por lo tanto, a modo de conclusión, la PPN consideró que “las gravísimas vulneraciones de derechos que produce la sobrepoblación y la obstaculización que representa para la reinserción social de las personas detenidas, resulta indispensable la adopción de medidas por parte de los diversos actores implicados. En consecuencia, se reitera la importancia de que el Estado argentino avance en una reforma democrática de las instituciones de encierro que se encuadre en el respeto de los derechos humanos”.
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