LAS MÁS DE 60 FAMILIAS QUE HABITAN EL HISTÓRICO EDIFICIO DEL EX PATRONATO DE LA INFANCIA (PADELAI), UBICADO SOBRE BALCARCE ENTRE SAN JUAN Y HUMBERTO PRIMO EN EL BARRIO DE SAN TELMO ESTÁN EN PELIGRO, LUEGO DE QUE LA JUEZA MARIA LORENZA TULA DEL MORAL, DEL FUERO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ORDENASE AYER QUE EL RÉGIMEN FASCISTA PORTEÑO PROCEDA AL INMEDIATO DESALOJO COMPULSIVO.
El edificio se encuentra habitado -con intermitencias- desde 1979 y los vecinos están nucleados en una cooperativa de vivienda -Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada-, que logró la escritura de la propiedad en 1991.
"Los vecinos quieren que se abra una mesa de negociación, no están dadas las garantías para que se vayan del lugar. En el edificio viven 60 familias con chicos, pero ellos no son ocupas. El 70% del edificio pertenece a la cooperativa. Acá lo que está en disputa es la propiedad", explicó Paula Somoza, de la Corriente Nacional Martín Fierro.
El 24 de noviembre pasado, los jueces Fernando Bosch y Mariana De Langhe de la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Contravencional y de Faltas habían fallado a favor del desalojo, tras varias idas y vueltas durante todo 2016.
Los vecinos se movilizaron buscando respuestas por parte del Gobierno de la Ciudad. El 18 de diciembre pasado realizaron un festival en las puertas del ex Padelai, que alguna vez albergó también un centro cultural.
Según los vecinos, la semana pasada se acercaron Sergio Constantino, secretario de Descentralización del Gobierno de la Ciudad y Maximiliano Corach, titular del programa Buenos Aires Presente (BAP). "Prometieron subsidios de $ 50.000 y créditos del IVC, pero no volvieron y ahora anuncian el desalojo. Exigimos que se abra formalmente una negociación y que las promesas se pongan por escrito", relató Somoza.
Ante esta nueva amenaza, los habitantes convocaron a organizaciones sociales, políticas y vecinos de la Ciudad a concentrarse en las puertas del edificio desde las 19 de este martes con el objetivo de frenar el desalojo y pedir garantías para las 50 familias en riesgo.
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