EL FISCAL FEDERAL JORGE DE DI LELLO CONSIDERÓ QUE EXISTE UNA “SOBREDOSIS DE COMODORO PY” AL ALUDIR LA JUDICIALIZACIÓN DE LAS DISPUTAS POLÍTICAS QUE BUSCAN UNA RESOLUCIÓN EN LOS TRIBUNALES.
“Es un suicidio colectivo, hay una sobredosis de Comodoro Py”, dijo el fiscal federal, aludiendo al edificio de los tribunales federales capitalinos donde confluyen esas denuncias.
Di Lello fue consultado por su decisión de imputar al presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y al juez Claudio Bonadío, a raíz de la denuncia de diputados del Frente para la Victoria en espejo a la causa abierta contra la ex presidenta Cristina Kirchner por venta de dólar a futuro. “Imputar no quiere decir que nadie sea culpable de nada sino que hay elementos razonables para investigar y buscar datos”, aclaró.
En declaraciones radiales, rehusó responder si tanto la venta de dólar a futuro como la posterior devaluación eran temas “administrativos no judiciables”.
“Hay fallos de la Corte Suprema que dicen que todo es judiciable, y entonces los tribunales estan obligados” a recibir y dar un curso a las denuncias, explicó, al tiempo que sostuvo que “lo que uno puede llega a decir y pararse en eso es que no hay elementos suficientes para sostener que hubo una conducta reprochable penalmente”.
Di Lello deberá expedirse sobre la decisión de Sturzeneguer de devaluar el peso y de Bonadío en autorizar el pago a los tenedores de dólar futuro, cuestionadas por el kirchnerismo como verdadera causa del perjuicio económico causado. “Lo que sabemos es que vende Cristina, pero devaluó Stuzenegger y los que se sabe hasta ahora es que los que compraron pertenecen al Gobierno que devaluó”, resaltó.
Asimismo, reveló que ya había pedido dictámenes académicos y profesionales de diferente orientación, entre ellos de los ex ministros Roberto Lavagna y Axel Kicillof, al actual Alfonso Prat Gay, y a los ex directores del BCRA desde 2007 a la fecha. Además pidió detalles de las previsiones presupuestarias del gobierno anterior y las listas de compradores de dólar futuro, para poder verificar los datos de la denuncia penal.
En términos mas generales, consideró que la judicialización se opera en casos “donde el borde entre los personal y política no es muy definitivo y eso permite la denuncia penal como lucha política” y ubicó el origen de ese fenómeno en el país en los años noventa con oposición a las políticas de privatizaciones del menemismo que “buscaron impugnarlas penalmente”.
“Privatizar no es bueno ni malo en términos penales”, señaló; aunque precisó que “privatizar para favorecer a una empresa propia o para obtener un retorno, eso si es lo que hace la diferencia”.
Recordó que producto de esas judicialización extrema de la política ya había obligado a pronunciarse en torno a la hora de finalización del mandato de ex presidenta por las diferencias en torno a la asunción de Mugrizio Macri ante el Congreso.
“Que conste que por ese tema Parrili me acusó de dar un golpe instituciona, por si alguien cree ahora que, cuando pido imputar a Sturzenegger y Bonadío, lo hago por posiciones idelógicas, que sin duda las tengo pero a mi no me pagar por ser peronista sino fiscal”, concluyó Di Lello.
No hay comentarios:
Publicar un comentario