EL MAGISTRADO SEBASTIÁN CASANELLO LE IMPIDIÓ VIAJAR AL EXTERIOR A MARTÍN BÁEZ, DANIEL Y SEBASTIÁN PÉREZ GADÍNY FABIÁN ROSSI.
El juez federal Sebastián Casanello dispuso la prohibición de salir del país para Martín Báez, Daniel y Sebastián Pérez Gadín y Fabián Rossi, como así también la inhibición general de bienes, en el marco de la causa que investigan maniobras de presunto lavado de dinero.
Así lo consignaron fuentes judiciales, quienes detallaron que la resolución alcanza a los cuatro imputados en este caso, a los que el miércoles llamó a prestar declaración indagatoria entre el 18 y 21 de abril próximo, luego de que se difundieran imágenes en las que se los veía contando importantes sumas de dinero en la financiera conocida como "La Rosadita", ubicada en un edificio de Puerto Madero.
Casanello afirmó que hay pruebas que permiten "inferir el origen de los fondos involucrados" en las imágenes donde se ve a Martín Báez y otros imputados contando una dinero en efectivo en la ex financiera SGI.
"La contundencia de las imágenes emitidas por Telenoche y la declaración de la periodista Mariel Fitz Patrick permitió la acreditación de circunstancias de tiempo y lugar y modo de un hecho penalmente relevante", afirmó el juez en la resolución donde citó a indagatoria a Martín Báez, Daniel y Sebastián Perez Gadín y Fabián Rossi.
Para el magistrado se puede "inferir ilicitud del origen de los fondos involucrados" que no se condicen con la situación patrimonial de ninguno de quienes aparecen en las filmaciones.
En su resolución Casanello sostuvo que hubo "manipulación en distintas jornadas por parte de personas bajo investigación de una gran masa de dinero en efectivo que no guarda relación con el perfil patrimonial de los involurados".
Además, denunció a José Manuel Ubeira, abogado del financista procesado en la causa Federico Elaskar, ante el Colegio de Abogados por haber difundido una información de modo "equivocado y tendencioso".
Casanello libró oficio al Colegio de Abogados para que se determine si el abogado incurrió en alguna violación al Código de Ética profesional, por haber declarado al periodismo que recibió desde el juzgado un correo electrónico donde le advirtieron sobre la difusión de las imágenes.
Asimismo, afirmó en la resolución que se libró una cédula electrónica de notificación de una decisión suya en la causa y que fue enviada a todas las partes, entre ellas Ubeira, los demás abogados, la fiscalía y a la diputada Margarita Stolbizer, amigus curiae en el caso. El juez consideró que se habría informado "de modo equivocado y tendencioso sobre el proceder del Tribunal".
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