EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PORTEÑO AFIRMÓ QUE NO SE PUEDE TITULAR A UN JOVEN CON SÍNDROME DE DOWN QUE HABÍA COMPLETADO SUS ESTUDIOS “DE MANERA SATISFACTORIA” Y QUE PRESENTÓ UN AMPARO EN TAL SENTIDO PORQUE LAS "MATERIAS ADAPTADAS" QUE CURSÓ “NO ALCANZAN LOS CONTENIDOS MÍNIMOS”.
El Ministerio de Educación porteño afirmó que no se puede titular a un joven con Síndrome de Down que había completado sus estudios “de manera satisfactoria” y que presentó un amparo en tal sentido porque las "materias adaptadas" que cursó “no alcanzan los contenidos mínimos” para la obtención de este documento, lo cual fue rechazado por entidades que defienden los derechos de personas con discapacidad.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que patrocina a Alan Rodríguez, el joven que busca que le den su título, y el Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva destacaron que el joven "tiene derecho a ser evaluado en relación con el plan de estudios elaborado para sus características y necesidades individuales” y no hacerlo así “implica excluirlo de plano de la educación media básica obligatoria”.
Alan es un joven de 21 años que asistió a clases a un colegio secundario común de gestión privada, cumplió con las asistencias, aprobó todos los años de cursada y recibió el diploma de graduación en diciembre de 2013, como el resto de sus compañeros.
Como dos años después las autoridades educativas continuaban negándole el título oficial aduciendo las razones ahora ratificadas por el Ministerio de Educación, el joven presentó un recurso de amparo contra el régimen de la Ciudad y el Instituto, ante el Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario 1 de Elena Liberatori que aun está pendiente de resolución. Además, el joven inició una petición en la plataforma Change.org, que ya tiene casi 131.500 firmas de adhesión.
La respuesta oficial del Ministerio de Educación porteño se produjo un día después de que el reclamo de Alan fuera tratado ampliamente por el noticiero Telenoche de Canal 13, en la edición del viernes pasado.
“Cuando un niño con discapacidad, como en el caso de Alan Rodríguez, es integrado para cursar el secundario se hacen las adaptaciones curriculares correspondientes, esto quiere decir que se adecuan las materias para lo que él mismo puede alcanzar”, publicó el sábado por la tarde el Ministerio de Educación de la Ciudad en su página oficial de Facebook.
“En este caso, Alan ha cursado de manera satisfactoria sus materias adaptadas pero las mismas, según informa el Instituto Jesús María de San Vicente de Paul al Ministerio de Educación, no alcanzan los contenidos mínimos que se requieren para la obtención de un título de Bachiller común", precisó el informe, que indicó además que los marcos regulatorios vigentes "indican para este tipo de situaciones que se certifican los conocimientos pero no se pueden titular”.
Tras aclarar que ese comunicado “no tiene entidad en términos judiciales”, la abogada de ACIJ Paula García cuestionó que se haya elegido “esta vía informal de comunicación” y que esté centrada en el caso particular de Alan, “porque de alguna forma puede ser estigmatizante y discriminatorio”.
“Reiteran que Alan no alcanzó contenidos mínimos según lo que informado por el colegio, pero se olvidan que el Ministerio es el que tiene la obligación de monitorear y supervisar a todas las escuelas, incluidas las de gestión privada", dijo esta integrante del área de Discapacidad y Derechos Humanos de ACIJ.
“Y a pesar de esto, en ningún momento observó el Ministerio las faltas administrativas que cometía la escuela al no completar la documentación de acuerdo a las notas que sacaba (en los boletines) y al no garantizar un proceso de comunicación clara con la familia sobre su desarrollo educativo”, agregó.
La abogada aseguró que lo consignado en "el libro matriz” -principal registro de la historia académica de cada estudiante- “tiene que ser igual a lo que dice el boletín”- , y el no haberse hecho así deriva "en una violación a la educación inclusiva, a la no discriminación, a la vida digna y a la posibilidad de seguir formándose a lo largo de la vida”, dijo.
Por su parte, la rectora del Instituto Jesús María de San Vicente de Paul, Patricia Avellaneda, dijo que “la escuela está de acuerdo en darle el titulo pero la normativa vigente no lo permite” y advirtió que “hay un vacío legal que tiene que cubrirse”.
“Es el ministerio el que tiene que resolver, porque no podemos ir por encima de las normas. Nosotros actuamos correctamente y me encantaría que tenga su título, pero en las actuales condiciones legales no puedo firmarlo con proyecto pedagógico individual porque por más que lo hiciera me lo van a rechazar”, añadió.
Florencia Innamorato, mamá del joven con Síndrome de Down, hizo un llamado al Ministerio de Educación para que “aproveche” el caso de Alan para “resolver lo pendiente” en materia de acceso a educación inclusiva y para “dar el ejemplo” de cómo resolver un conflicto de esta naturaleza.
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