LA CÁMARA DE EMPRESAS DE OPERACIONES PETROLERAS ESPECIALES (CEOPE) SOLICITÓ UNA AUTORIZACIÓN AL RÉGIMEN FASCISTA PARA SUSPENDER A 5.000 TRABAJADORES PETROLEROS DE NEUQUÉN PARA PALIAR LA SITUACIÓN DEL SECTOR.
En una nota enviada el 21 de enero a los ministerios de Trabajo y de Energía y Minería, la entidad reclamó el inicio de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) por la abrupta caída del precio del barril de crudo y las dificultades para sostener la actividad con elevados costos. "En la Argentina esta crisis podría generar la afectación de aproximadamente 10.000 puestos de trabajo en las dotaciones actuales de las operadoras y compañías de servicios", alertaron los empresarios.
Desde la Cámara aseguraron que si la cartera laboral de Jorge Triaca acepta el PPC las cesantías se aplicarán de inmediato. "Todos ayudan de alguna manera. Las empresas de servicios pagan el 40% o 50% del sueldo y esperamos que las operadoras nos reconozcan algún costo. El Gobierno (fascista) no cobra las cargas sociales y los trabajadores se quedan en sus casas esperando que haya un repunte para volver a trabajar", detallaron a este medio.
El PPC es una herramienta contemplada en el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo y se la conoce como la suspensión subsidiada. Nació durante los '80 con Raúl Alfonsín, se legisló en los '90 con el turco innombrable y se utilizó en las gestiones de Fernando De La Rúa, Néstor Kirchner y Cristina de Kirchner. La última vez en el sector de hidrocarburos fue en 2009, pero también se aplicó en la industria automotriz en 2012.
Los trabajadores alcanzados por la medida pasarán a cobrar alrededor del 60% de salario sin extras, ni viáticos, ni "horas-taxi". Las compañías dejarán de abonar las cargas por jubilación y obra social, pero mantendrán la contribución sindical. "El peligro es que la escalda siga, pero en el interín decidimos esto. O lo echamos o hacíamos esto", justificaron.
La CEOPE aclaró que el PPC por ahora solo se presentó para las operaciones en Neuquén. "Después las extenderemos a otras provincias. En Chubut y Santa Cruz ya hay un conflicto serio por el petróleo que exportan. Si lo presentábamos ahí se iban a confundir los problemas", advirtieron.
A las 5.000 suspensiones de las empresas contratistas se podrán sumar otros 5.000 de las operadoras petroleras, lo que implica el 20% del total de empleados del rubro. El pedido involucra a las firmas de servicios Schlumberger, Oilfield Services (OSSA), Halliburton, Huinoil, Weatherford, San Antonio, Bolland, Baker Hughes, DLS y Smith International Inc., entre otras, y por arrastre afectaría a YPF, Petrobras, Total y Pluspetrol.
En la nota, la Cámara considera que la aceptación del PPC es beneficioso para el Estado. "Las empresas alivian su costo laboral, manteniendo personas calificadas y experimentadas en condiciones de reanudar la actividad" y "las autoridades activan una herramienta que minimiza el impacto social y contribuye a la sustentabilidad de las empresas".
Asimismo, remarcan que el descenso del precio del petróleo de u$s 80 a u$s 28 el barril provocó más de 350.000 despidos en los últimos 12 meses, de los cuales 250.000 se registraron en los Estados Unidos.
Los empresarios confían que el Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa que dirige Guillermo Pereyra y el de Personal Jerárquico de Manuel Arévalo respaldarán el planteo. Lo mismo esperan del gobierno de Omar Gutiérrez. Por último, no descartan que otras entidades o cámaras empresarias se sumen a su pedido o presenten nuevos en otros distritos.
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