La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó ayer que se obligue al Banco de Nueva York Mellon (BoNY) a utilizar los U$S 539 millones que la Argentina depositó en 2014 para el pago a inversores en bonos reestructurados de la deuda pública, para atender el reclamo de los fondos buitre.
Así, la Corte de Apelaciones neoyorquina mantuvo su decisión de octubre de 2014, de que los acreedores de Argentina no tienen derecho a apropiarse de esos fondos, en contraposición con la decisión del juez federal de ese mismo estado, Thomas Griesa, quien atendió el reclamo de los buitres, y congeló el pago del vencimiento de la deuda.
Esta es la tercera vez en que esa instancia judicial estadounidense rechaza una decisión de Griesa: el 10 de agosto último, los jueces que la componen acotaron el alcance de la acción judicial colectiva que habían iniciado los tenedores de bonos en default de la Argentina, conocidos como "me too".
El tribunal de apelación que interviene en el caso con los fondos buitre, rechazó el criterio "agregado" de Griesa utilizado en su definición de la acción colectiva (de clase), que incluía a todos los tenedores de bonos en default de la Argentina, y sin tener en cuenta si esos bonos habían sido vendidos en el mercado secundario, luego de los canjes de deuda del 2005 y 2010.
Fue la segunda oportunidad en que la Corte giraba a Griesa este pedido y, en ambas oportunidades, le solicitó que acote la definición de la acción de clase contra la Argentina, y que tenga en cuenta lo vendido en el mercado secundario en el cálculo del monto del resarcimiento, lo que a la postre terminaría siendo una cifra menor en la cuenta a pagar a futuro de la Argentina.
Griesa desoyó a dicha Corte, tal como le reprochó esta última en el primer párrafo de su sentencia del 10 de agosto: "Luego de que este Tribunal panel revocara dos veces en paneles anteriores, sentencias dictadas por el Tribunal de Distrito a favor de los demandantes, nos remitimos con instrucciones específicas -(hacia Griesa, para limitar el criterio de la clase)-. En lugar de seguir nuestras instrucciones, la Corte de distrito certificó con acciones clases expandidas".
"En consecuencia, por haber hecho esto y por el mandato emitido en la previa apelación, decidimos revocar y devolver" al distrito para su revisión, le recriminó la Corte a Griesa.
En agosto del año pasado, Griesa ordenó al BoNY retener el pago de deuda de US$ 539 millones que realizó el Estado argentino y lo declaró ilegal, lo cual abrió la puerta a una posterior discusión sobre si el país había ingresado o no en una nueva cesación de pagos.
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