Aníbal Fernández se reunió con el Consejo de Procuradores Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina junto a quienes analizó la actualidad de la lucha contra el narcotráfico.
Tras el encuentro, los funcionarios judiciales le entregaron a Aníbal Fernández un reconocimiento en el que manifestaron su agradecimiento con Fernández "como artífice del cambio de paradigma en la investigación penal de los ministerios públicos del país, por su compromiso con el desarrollo de los mismos".
Al respecto, el titular del Consejo Federal de Política Criminal y Procurador General de Salta, Pablo López Viñals, explicó que durante la jornada abordaron "en especial el tema del apoyo a los laboratorios de investigación forense, donde pusimos un poco de actualidad al desarrollo que tiene ese programa, y a la vez analizamos también la problemática del narcotráfico y de la violencia de género, que son aspectos que están en la agenda central de los procuradores”.
“El programa de laboratorios, que ha permitido distribuir en todo el país los recursos tecnológicos para la investigación penal, está financiado por el Estado Nacional y nosotros vinimos a poner un poco de actualidad a su desarrollo y a solicitar el apoyo para su crecimiento”, agregó.
En el caso del narcotráfico, explicó que “queremos generar una mesa de diálogo respecto de programa de desfederalización de estupefacientes, dado que en este momento existen solamente cinco provincias que están incluidas en este proceso de división de funciones donde las provincias asumen también una intervención directa en el manejo del llamado narcomenudeo”.
López Viñals señaló que la cuestión del financiamiento que el Estado Nacional debe dar a las provincias que ingresan a este programa “parece ser el problema de que nos se avance más en el número de provincias que lo integran, y por eso hablamos sobre la necesidad de articular y organizar los recursos para evitar los inconvenientes que se generan en la investigación cuando se fracciona la información, pero básicamente avanzar hacia una idea de que esto no puede seguir siendo parte de un desarrollo aleatorio, donde algunas provincia se animan y otras no”.
“Creemos que hay que tomar el toro por las astas, y sobre todo con reglas de juego clara promover una mayor participación de las provincias en la lucha contra el narcotráfico”, aseguró.
En cuanto a la violencia de género, señaló que ”hemos asumido un compromiso de presentar un programa para que se genere un apoyo federal del Estado Nacional en términos económicos para la protección de las víctimas de violencia y para la prevención de la continuidad de la violencia en los casos en que está detectada”.
“Este es un aspecto donde nosotros trabajamos como consejos federales intentando limitar la asimetría de recursos que hay entre provincias grandes y provincias chicas y el costo de los dispositivos electrónicos que permiten alertar a las autoridades cuando se violan las prohibiciones de acercamiento que genera la justicia, porque es una tecnología cara que nosotros estamos intentado que nos ayuden a adquirir”, explicó López Viñals, quien también manifestó que “tenemos esperanza que al haberse sancionado el nuevo Código Procesal Penal la persecución de los delitos en el orden federal y en particular el narcotráfico está en manos de los fiscales y ahí es donde habrá que barajar y dar de nuevo con las estructuras”.
Por su parte, el titular del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, y Procurador General de La Pampa, Mario Bongianino, destacó la importancia del Programa de Laboratorios de investigación Criminal, porque “antes, para hacer un simple análisis de ADN, la gran parte de investigaciones criminales en manos de fiscales o jueces tenían que trasladar las muestras a Buenos Aires, lo que implicaba una demora de dos o tres meses, más la saturación que implica en los laboratorios de la Capital Federal”.
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