La denuncia es por presunto fraude contra el Estado nacional por parte de Grupo Marsans, el fondo Burford y el estudio de abogados Fargosi y Asociados.
El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, Carlos Gonella, y la Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona, denunciaron ayer un presunto fraude contra el Estado nacional por parte del Grupo Marsans, el fondo buitre Burford y el estudio de abogados argentinos Fargosi y Asociados.
Gonella explicó que "se encontró un contrato entre Marsans y Burford, donde el fondo buitre le compra al grupo español el juicio que está llevando ante el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por unos U$S 1.600 millones, por la expropiación de Aerolíneas Argentinas" y añadió que "en esta operación también figura el estudio de abogados Fargosi y Asociados".
Los funcionarios dieron una conferencia en el Auditorio de la Procuración General de la Nación, donde precisaron que ya se hizo la presentación correspondiente ante la Cámara Federal de la Ciudad de Buenos Aires, con la denuncia para que se abra una investigación al respecto y se condene a los implicados, tanto Marsans, como Burford y Fargosi y Asociados.
Gonella remarcó que "la Argentina no sólo no debe nada, sino que hasta puede reclamar a Marsans unos U$S 1.000 millones por su gestión en Aerolíneas".
El fiscal puntualizó que "Marsans y Burford hicieron un convenio para que en caso de que el Ciadi falle a favor de los españoles, luego de pagarle los honorarios correspondientes, el resto lo depositen en una cuenta del fondo buitre que además tomó el patrocinio en el juicio".
"De esta manera Marsans estaría burlando a sus acreedores, con el doble riesgo para la Argentina de tener que pagar el fallo del juicio, pero también una futura demanda de los acreedores de Marsans", subrayó por su parte Abbona, quien recordó que "Burford patrocina también al Grupo Petersen ante el Ciadi y ante el juez (federal de Nueva York Thomas) Griesa, donde reclaman por la expropiación de las acciones de Repsol en YPF".
El fondo buitre reclama un resarcimiento económico, argumentando que durante el proceso de expropiación se violaron las leyes de oferta pública en los Estados Unidos.
Todavía no fue establecido un monto solicitado, pero se presume que será de varios millones de dólares, dado que las acciones en cuestión habían sido adquiridas hace siete años por una cifra superior a los U$S 3.300 millones.
En los papeles, la acción legal fue iniciada por las firmas españolas Petersen Energía Inversora y Petersen Energía que la familia Eskenazi constituyó para adquirir entre 2008 y 2011 el 25% de las acciones de YPF.
Por su parte, Marsans inició el juicio en el Ciadi por el congelamiento de las tarifas durante la gestión española y por la expropiación llevada a cabo en 2008 por parte del gobierno argentino.
El grupo español gestionó Aerolíneas entre 2001 y 2008, periodo durante el cual generó un vaciamiento de la compañía que la llevó a una virtual quiebra, de la cual salió con la estatización de la misma, aunque Marsans dejó una deuda de U$S 908 millones, que son los acreedores que podrían accionar contra la Argentina en caso que el Ciadi le diera la razón en su reclamo.
Marsans está en bancarrota y uno de sus ex dueños, Gerardo Díaz Ferrán, está preso en España por otra causa, en tanto que el otro, Gonzalo Pascual, falleció el año pasado.
A principios de 2014, el Gobierno presentó una contrademanda ante el Ciadi contra Marsans por daños por US$ 940 millones, que al igual que el reclamo de los españoles está pendiente de resolución.
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