Familiares de las víctimas y sobrevivientes de dos trágicos incendios de talleres textiles porteños que, sumados, se cobraron la vida ocho niños y una mujer embarazada, exigieron ayer “juicio oral ya” por el primero de los hechos -que ocurrió en 2006 y estuvo a punto de prescribir- e “imputaciones para los dos empresarios” responsables del local de Páez y Terrada, donde hace cuatro meses ocurrió el segundo siniestro.
“Si hay justicia en (el caso del taller de la calle) Luis Viale, va a haber justicia en (el de la calle) Páez; pero eso no pasará si no logramos romper el hilo de impunidad que une a los dos casos”, aseguró Gabriela Carpineti, la abogada de los padres de Rodrigo y Rolando Mur Menchaca, los niños de 5 y 10 años fallecidos en el incendio ocurrido el 27 de abril último en el barrio de Flores.
La abogada aseguró que ambas causas representan “procesos judiciales tanto como políticos” porque “no es un problema privado el incendio de talleres o las condiciones de vida y de trabajo” que allí se desarrollan.
En ese sentido, Carpineti aseguró que “si algo faltó estos nueve años es justicia, pero también políticas públicas” para combatir la explotación laboral y precarización, porque "si no interviene el Estado, el único regulador es el mercado”.
El primero de los incendios referidos ocurrió el 30 de marzo de 2006 en el taller textil ubicado en Luis Viale 1269 del barrio porteño de Caballito: allí perdieron la vida Luis Quispe y Rodrigo Quispe Carbajal, de cuatro años; Harry Rodríguez Palma, de tres años; Elías Carbajal Quispe, de diez años; Wilfredo Quispe Mendoza de 15 años y Juana Vilca Quispe, de 25 años.
El padre de Harry, quien vino especialmente desde Bolivia -donde se radicó-, se quejó de que “lamentablemente la Justicia no actúa”, al tiempo que afirmó que "estamos igual que el primer día” y reclamó que “se impute a los verdaderos responsables” del incendio, que identificó como los empresarios Jaime Gueiler y Daniel Fishberg, “en lugar de los capataces”, hasta ahora los únicos acusados.
“Los culpables están libres y los que hemos sobrevivido al incendio de Viale quedamos en la calle, como en mi caso, que además cargo ahora con una discapacidad. Me duele que para los más pobres no haya justicia”, aseguró Lourdes Hidalgo, una de las 40 personas que trabajaban y vivían junto a 25 niños en un local que tenía habilitación para que se desempeñen sólo cinco operarios.
“Los que más sufrimos somos la gente más humilde, que venimos con muchos sueños a Buenos Aires para conseguir días mejores y nos encontramos con que mueren seis personas y es como si nada hubiera pasado”, dijo Rodríguez tras una conferencia de prensa organizada en la Cazona de Flores por el colectivo Simbiosis Cultural, que nuclea a jóvenes costureros de la colectividad boliviana que cuestionan las formas de trabajo en los talleres.
Es que la totalidad de las víctimas de ambos siniestros eran inmigrantes o hijos de inmigrantes bolivianos que vivían hacinados en talleres de la Ciudad de Buenos Aires, los mismos donde sus padres trabajaban en condiciones de precariedad.
“Yo había había alertado que esas cosas podían pasar, que había muchas enfermedades" y riesgo eléctrico, contó Rodríguez, quien aseguró haber sentido “mucha impotencia” cuando se enteró del incendio de Páez y Terrada, “donde fallecieron otros dos niños inocentes por esa explotación laboral”.
La abogada de las víctimas, Myriam Carsen, recordó que la causa que tiene a dos capataces imputados de estrago doloso se encuentra en condiciones de entrar en la etapa de juicio oral, con una orden de Casación Penal de que así se haga, después de dos intentos de ser resuelta con juicios abreviados y de sortear la prescripción.
“Nuestro principal obstáculo fueron los ritmos y decisiones del Poder Judicial y los fiscales: ahora tenemos que lograr que el juicio se haga porque es la tercera vez que se ordena el juicio y nunca ocurrió”, dijo.
De la conferencia participaron también la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el vicecónsul de Bolivia, Valentín Herbas; y el referente del colectivo Simbiosis Cultural, Juan Vázquez.
"El Estado no tiene otra política para el sector más que la represiva, lo que se traduce en que no se corrigen las estructura de la industria textil, sino que a lo sumo se corren hacia la provincia de Buenos Aires", cuestionó Vázquez en referencia al accionar del gobierno porteño.
En tanto, Herbas explicó que "el consulado acompaña en todos los trámites judiciales" a los familiares y afectados "de manera que se pueda llegar a un veredicto que aclare la situación".
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