El PRO en la Legislatura porteña se negó a tratar en el recinto de sesiones el pedido de informes a la gestión macrista respecto de la denuncia sobre contrataciones directas que el Gobierno otorgó por casi 20 millones de pesos a una empresa relacionada con el periodista Fernando Niembro, cabeza de lista de diputados de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.
“Queremos que se trate el expediente en comisión porque esa es la manera prolija de trabajar y queremos que se respete”, dijo ayer la presidenta del bloque del PRO, Carmen Polledo, tras la reunión de jefes parlamentarios destinada a acordar el temario a debatir en la sesión ordinaria de hoy, donde quedó excluida la iniciativa impulsada por el kirchnerismo.
En rigor, la presidenta del bloque del Frente para la Victoria, Gabriela Alegre, pidió sumar el pedido de informes al listado, pero el PRO, a través de Polledo, negó esa posibilidad, con lo cual el expediente deberá ser debatido en el ámbito de una comisión parlamentaria y no en el recinto, tal como pretendía la oposición.
“Queda claro que no nos dan una respuesta de porqué Mugrizio Macri ocultó las contrataciones directas de la empresa La Usina con el Gobierno de la Ciudad”, aseguró Alegre en declaraciones formuladas a la prensa tras la reunión de labor parlamentaria y agregó que “si el PRO quisiera aclarar el tema podrían haber acompañado el pedido de informes y así poder saber las cosas rápidamente”.
La denuncia contempla a La Usina Producciones, una compañía fundada por el ex vocero menemista hace tres años, que se convirtió en un proveedor de servicios del Estado porteño y que, según la denuncia, habría sido beneficiaria de al menos 170 contrataciones bajo un mecanismo irregular.
Según se consigna en el pedido de informes, “desde su creación, la empresa de Niembro y su socio, Atilio Meza, facturó al GCBA 19,5 millones de pesos. Todo por contratación directa o al amparo del Decreto 556, modificado por el decreto 752/2010, modalidades que están previstas para la contratación de bienes y servicios esenciales sólo cuando razones de urgencia”.
Las contrataciones refieren a servicios de publicidad con varias jurisdicciones del Poder Ejecutivo, principalmente la Secretaría de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno e incluyen contratos para la realización de auditorías y encuestas sobre el servicio de recolección de basura para el Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Por ello, Alegre ratificó que el caso “es de mucha gravedad porque refiere al primer candidato de Cambiemos como diputado en la Provincia” y sostuvo que están evaluando la posibilidad de citar a funcionarios porteños que están al frente de las dependencias que firmaron los contratos con La Usina.
Uno de los funcionarios convocados sería Pablo Clusellas, el secretario legal y técnico de la Ciudad, porque las contrataciones no fueron publicadas en el Boletín Oficial; y Edgardo Cenzón, ministro de Ambiente y Espacio Público, ante la gran cantidad de servicios que La Usina Producciones brindó a esa dependencia porteña.
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