El incumplimiento por parte del gobierno porteño de una medida cautelar dictada por la Justicia hace siete años mantiene vigente el riesgo en el que se encuentran las 350 personas que viven en el complejo habitacional Colonia Sola, de Barracas, quienes temen que la tragedia de Villa Soldati pueda reeditarse entre estos cuatro monoblocks de fines del siglo XIX cuyas galerías y balcones permanecen apuntalados para evitar derrumbes.
"Yo tengo miedo a pasar por los pasillos y cuando hay tormenta, tiemblo sólo de pensar lo que podría pasar porque se te vuelan las tejas, las claraboyas, todo", contó Ana María Montenegro, que desde hace 50 años vive en el monoblock cuatro del complejo ubicado en la intersección de Australia y Perdriel.
Una recorrida por el lugar permite constatar el grado de abandono: todos los balcones del primer piso y las galerías de la planta baja están apuntalados por barras de hierro; la base de algunas de las columnas originales de concreto están partidas por la mitad; la estructura que sirve de techo a las galerías y de piso a los balcones está desfasada por sectores; algunas paredes exhiben huecos por donde puede pasar una mano, faltan claraboyas y al interior de las casas se está cayendo el techo de madera.
"Nos encontramos en una situación muy parecida a la de Soldati", dijo el asesor tutelar Gustavo Moreno -quien representa los derechos del centenar de niños, niñas y adolescentes que viven en el lugar- en referencia al accidente ocurrido en Villa Soldati a principios de mes, cuando una baranda cedió y un chico falleció tras caer desde un sexto piso.
"Tenemos una ley y una cautelar dictada para resguardar la vida y la integridad física de las personas que no se están cumpliendo, a pesar de que la situación es de peligro inminente", agregó Moreno.
"Estamos realmente preocupados porque existe peligro de derrumbe acreditado por tres pericias arquitectónicas", señaló por su parte Cecilia González, defensora de primera instancia que representa a los vecinos mayores de edad.
Virginia Castaño, vecina del primer piso del monoblock 4, vive en una de las viviendas más deterioradas, donde comenzaron a caerse los listones de madera que conforman el techo de los dormitorios, dejando verdaderos cráteres.
"Como afuera faltan tejas, han entrado hasta palomas y cuando llueve entra el agua, arruina todo y si no pongo enseguida un balde, se pasa para abajo porque el piso parquet también está roto", relató y agregó que "nosotros no tenemos posibilidades de arreglarlo porque se tiene que hacer todo el monoblock entero y son unos 70.000 pesos por familia".
Su vecina Ana María acotó que el peligro de derrumbe se hizo certero a partir de una fallida intervención del Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), que depende del gobierno porteño.
"Acá vinieron a apuntalar solamente para reparar los techos; pero la gente que mandaron subió demasiado los puntales, no tuvo en cuenta las inclinaciones, y eso desfasó los balcones, quebró las columnas originales y dejó sin ningún arruinada la estructura. El resultado es que ahora sí se caería sin apuntalamiento", contó.
Construido en 1889 por la empresa británica Ferrocarril del Sud que por entonces explotaba la línea Roca, el complejo habitacional "Colonia Sola" fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad por su gran valor arquitectónico. Los 71 departamentos fueron pensados para albergar temporalmente a empleados del ferrocarril y luego se convirtieron en residencia permanente de personas que pagaban un alquiler.
Con la privatización, el complejo fue adquirido por los vecinos agrupados en la Asociación Mutual Colonia Sola, que pagó al por entonces Ente Nacional de Administración de Bienes Ferroviarios el 20 por ciento de su valor, para luego seguir saldando la deuda en cuotas que la entidad cobraba mensualmente a los vecinos.
Pero, con el advenimiento de la crisis económica, las familias no pudieron seguir pagando y la sanción de la ley 459 en el 2000 vino a paliar esta situación, ordenando a la ex Comisión Nacional de la Vivienda (hoy IVC) financiar -con escritura hipotecaria a su favor- los subsidios y préstamos necesarios para la normalización de la compra del predio, la subdivisión en unidades funcionales, y la rehabilitación integral del complejo.
Ocho años después, un grupo vecinos presentó un amparo ante el Juzgado 12 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario por el incumplimiento de esta norma, en el marco del cual se solicitó la medida cautelar dictada en octubre de 2008 por la jueza Alejandra Petrella.
"Tenemos muchas personas con enfermedades graves y la mayoría de las familias no cuentan con dinero para hacer las reparaciones. Además, este complejo se encuentra tutelado como patrimonio histórico, lo que genera ciertos impedimentos", explicó González.
Para el Moreno, la reiterada subejecución de las partidas presupuestarias destinadas a la colonia sólo se explica por "la desidia, negligencia y omisión deliberada", que hacen creer que "se busca que esto se deteriore más para que los vecinos cedan en su reclamo y se retiren".
"El IVC trata, con pequeñas obras, de mostrar que está cumpliendo, pero los magistrados, que no son tontos, se dan cuenta y por eso imponen multas", sostuvo.
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