El ministro de Economía, Axel Kicillof, aseguró que "este gobierno no vendió ni una sola acción" desde que el sistema previsional volvió a manos del Estado y recordó que "las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías".
En un plenario de comisiones que se lleva a cabo en el Senado de la Nación, Kicillof defendió el proyecto que protege las acciones de compañías privadas que posee el Estado y afirmó que "vender una sola acción es un acto de privatización".
"Lo que hoy proponemos es que la decisión de desprenderse de una sola acción no esté prohibida, porque hacen a diferentes situaciones, pero que no sea una decisión arbitraria unilateral tomada por una dependencia del Poder Ejecutivo, sino que sea una decisión del Parlamento", subrayó el titular del Palacio de Hacienda.
Kicillof -quien junto con el titular de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), fueron los encargados de exponer durante un plenario de las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que declara de interés público la protección de las participaciones del Estado en empresas privadas- dijo que "las tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías" e insistió en que "si hoy esas acciones son públicas y las vendemos, estamos privatizando esa parte de la compañía que hoy es pública".
En referencia a la necesidad de contar con dos terceras partes de los votos positivos de ambas cámaras del Congreso para poder vender acciones que integran el Fondo de Garantía de Sustentabilidad -tal como establece el proyecto-, remarcó que "lo que está haciendo el Ejecutivo es la política de devolver al Parlamento la decisión última de desprenderse de estos paquetes accionarios".
"En 2008 algunos nos decían que vendiéramos las acciones. Si lo hubiéramos hecho nos hubiéramos perdido de un crecimiento del 736 por ciento. Fue muy buena inversión para el Fondo de Garantía de Sustentabilidad retener esas acciones", afirmó el funcionario.
El proyecto que crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas, para Kicillof "encierra una discusión muy importante sobre la relación de lo público con lo privado y del Estado con el mercado".
Da una respuesta a la pregunta de qué relación debe tener el Estado Nacional con las compañías privadas cuando el estado es tenedor de acciones de esas compañías privadas", indicó el ministro, al tiempo que puntualizó que las "tenencias accionarias dan derecho político a participar en la decisión de las compañías".
Finalmente, Kicillof aclaró que los directores nombrados en las compañías sólo percibirán el sueldo pagado por el Estado y que el dinero que les corresponda por su integración en la compañía seguirán yendo a parar al Fondo del Menor y la Familia.
La iniciativa enviada por el Ejecutivo declara de interés público la protección de las acciones que el Estado posee en empresas privadas y que forman parte del FGS del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). De ese modo, se prohíbe la venta, la transferencia o cualquier otra acción que implique que el Estado se desprenda de esas acciones, salvo que el Congreso de la Nación lo autorice a través del voto de los dos tercios de sus miembros.
De acuerdo con el proyecto ingresado el lunes al Senado, la finalidad es preservar la sustentabilidad del fondo y "promover el rol activo del Estado en la coordinación de la gestión de los directores que representan al Estado Nacional" para "resguardar el interés público comprometido en las participaciones societarias". Para ello, se crea la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE) como continuadora de la Dirección Nacional de Empresas con Participación del Estado que deberá entender en la ejecución de las políticas y acciones que hacen al ejercicio de los derechos societarios de las participaciones accionarias o de capital de las empresas comprendidas en el proyecto.
La ANPEE tendrá a su cargo ejercer los "derechos políticos" inherentes a las acciones que integran la cartera de inversiones del FGS. De ese modo, se busca "contribuir a la coordinación estratégica de la política económica del Estado Nacional, orientada a la administración unificada e integral de las empresas en que participa en forma minoritaria".
La nueva agencia se integrará con un Directorio y un Consejo Consultivo, previendo la conformación de una Comisión Bicameral Permanente de Participación Estatal en Empresas conformada por ocho miembros de Diputados y ocho del Senado. El Directorio estará conformado por un presidente, ejercido por el Director Ejecutivo de Anses; dos directores designados por el PEN y dos directores propuestos por la Comisión Bicameral: uno por la mayoría o primera minoría y otro por la primera minoría o segunda minoría.
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