La Justicia suspendió el desalojo de 37 familias que viven desde hace 25 años en una casona del barrio porteño de Boedo, previsto para esta mañana, luego de la protesta de militantes, vecinos y legisladores, que ahora esperan que se abra un canal de diálogo con las autoridades porteñas para obtener una solución al problema habitacional que padece este grupo de personas.
El procedimiento judicial estaba pautado para ayer a las 8, pero hubo una gran resistencia que comenzó el martes con una vigilia y continuó la mañana de ayer en la calle, con más de 100 personas acompañando el reclamo, entre ellos los legisladores Pablo Ferreyra, Lorena Pokoik, José Cruz Campagnoli y Paula Penacca.
"Se suspendió el desalojo por hoy, ahora se abre una instancia de diálogo", indicó Campagnoli, quien explicó que espera que el juez convoque a la Asesoría Tutelar y la Defensoría General de la Nación "para llegar a dar una respuesta a estas familias que hoy no tienen un techo asegurado, que hace 25 años viven acá y cuya solución no puede ser un desalojo sino una vivienda digna".
En tanto, Ferreyra afirmó que "la justicia y la Policía Metropolinazi terminan haciendo el trabajo sucio en una ciudad que esta regulada por el mercado inmobiliario. Es este mercado y su voracidad es el que dictamina las políticas de vivienda".
En tanto, Ferreyra afirmó que "la justicia y la Policía Metropolinazi terminan haciendo el trabajo sucio en una ciudad que esta regulada por el mercado inmobiliario. Es este mercado y su voracidad es el que dictamina las políticas de vivienda".
"Ayer (por el martes) Macri hizo una cena con un cubierto que valía 50.000 pesos y acá quieren conformar a los vecinos con una cuota de 1.800, lo que no tiene ninguna lógica. Estos contrapuntos son los que viven los porteños, la verdadera grieta de la ciudad de Buenos Aires es la avenida Rivadavia que divide a los vecinos de primera calidad de los de segunda calidad que son los vecino pobres, para este gobierno", agregó.
Los legisladores y más de 100 vecinos participaron durante la noche de una vigilia para acompañar el reclamo de los habitantes del inmueble y evitar que la Policía Metropolinazi lleve adelante el desalojo.
Su reclamo sumó el apoyo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se presentó ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil 46 para incorporarse en calidad de "Amicus Curiae" (amigo del Tribunal) a la causa.
Roldán explicó que la casona en cuestión fue ocupada por más de 100 personas sin techo después de permanecer algún tiempo vacía tras el cierre de un colegio de la colectividad judía que funcionaba allí.
Y si bien hasta el 2001 no recibieron reclamos de los propietarios del lugar, ese año los nuevos dueños iniciaron una causa por desalojo que ya produjo distintas órdenes de desocupación que fueron oportunamente frenadas por recursos de amparos.
La orden de desalojo había sido dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 46 a cargo del juez subrogante Fernando Pablo Christello, a partir de la causa iniciada por Pavón Plaza, la empresa propietaria.
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