La causa por irregularidades en la venta durante la dictadura acumula 26 cuerpos, con el agravante de que cinco de los imputados fallecieron antes de ser llamados a declarar por el juez federal Julián Ercolini, quien tiene a cargo la investigación desde 2011.
La investigación se inició en 2010 en el Juzgado Federal nº 3 de La Plata, luego de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner encomendara a la Secretaría de Derechos Humanos que se constituyera como parte querellante, días después de que presentara el informe sobre Papel Prensa elaborado por la Secretaría de Comercio.
El expediente tiene como imputados a los directivos de los diarios Clarín -Héctor Magnetto y Ernestina Herrera de Noble-, La Nazión -Bartolomé Mitre- y La Razón -Marcos Peralta Ramos y los hermanos Patricio y Hugo Peralta Ramos-, los dos últimos fallecidos después de abrirse la causa.
De la nómina de pedidos de indagatoria, por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tres emblemas de la dictadura cívico militar que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976 también fallecieron antes de responder a la justicia: Jorge Rafael Videla, el ex ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz y Emilio Eduardo Massera.
Papel Prensa era una sociedad fundada por el financista David Gravier, que murió en 1976 en un accidente aéreo en México, y tras lo cual el paquete accionario de la firma pasó a manos de su esposa, Lidia Papaleo, y de Rafael Ianover, querellantes en la causa.
Tanto Papaleo como Ianover, fueron secuestrados por agentes de la dictadura y denunciaron que fueron obligados a ceder bajo torturas y amenazas la titularidad de Papel Prensa a una sociedad mixta formada por el Estado y por los tres diarios, promovida por el presidente de facto Videla.
En el expediente caratulado "Papel Prensa sobre presuntas irregularidades en su constitución, administración y transferencia de acciones" también están imputados el ex secretario de Estado Raymundo Juan Pío Podestá, Marcos Peralta Ramos, y el ex secretario de redacción de Clarín, Reinaldo Bandini.
Antes de remitirla al fuero federal, los fiscales de la Unidad Fiscal Federal de La Plata que investiga las causas por crímenes de la dictadura, Hernán Schapiro y Marcelo Molina, advirtieron que se trataba de delitos de lesa humanidad y que la transferencia se había hecho entre "presiones, amenazas y maniobras extorsivas contra los integrantes del Grupo Graiver".
Mencionan también el homicidio de Jorge Rubinstein, abogado y apoderado de Graiver, que falleció mientras era torturado, en cuya autopsia se estableció la muerte por un ataque al corazón.
Entre presentaciones, pericias, apelaciones, pedidos de sobreseimiento y otras medidas de prueba, en 2014 declararon en el juzgado de Ercolini, Rafael Ianover (quien ya tiene 89 años), Osvaldo Papaleo, la ex secretaria Silvia Cristina Fanjul y Alfredo Abuin.
En tanto, la Unidad de Información Financiera apeló el rechazo del juzgado ante el pedido que había efectuado para ser tomado como querellante.
Por su parte, el titular de la Procuraduría de Lesa Humanidad, Jorge Auat, junto a los fiscales de la Unidad de Asistencia para causas de Derechos Humanos, Alejandro Alagia y Guillermo Friele, plantearon la imputación de los empresarios Héctor Magnetto, Bartolomé Mitre, Ernestina de Noble, Juan Gainza Paz y Raymundo Podestá por "extorsión y persecución por motivos raciales, económicos e ideológicos que tuvieron como víctimas a miembros del grupo Graiver".
La última medida tomada por el juez Ercolini fue la citación a declaración testimonial de María Sol Graiver, hija David Graiver y Lidia Papaleo, para el 25 de marzo, en lo que se interpreta por parte de las querellas como un testimonio que no será relevante porque la testigo tenía tres años de edad cuando ocurrieron los hechos.
En este sentido, el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, advirtió semanas atrás que si bien se aportaron "importantes medidas de prueba, no se verifican avances", lo que configura "una inacción que resulta preocupante", sobre todo ante la falta de respuesta a los pedidos de indagatoria de los principales directivos de los diarios Clarín y La Nazión.
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