La seguridad del depósito incendiado el 5 de febrero de 2014 -en donde fallecieron 10 de las personas que combatían el fuego-, había sido cuestionada en 15 informes elaborados por distintos organismos de control y que fueron desoídos por las autoridades porteñas.
El dato surge de un informe de 500 páginas elaborado por el legislador porteño del Frente para la Victoria (FPV) Gabriel Fuks a partir de información aportada por el propio gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante el pedido de informes cursado por ocho diputados porteños.
Se trata de 15 controles que fueron desoídos por la comuna durante los últimos ocho años. Según el informe, la señal de alerta fue dada por siete diferentes reparticiones de control desde 2007, el año durante el cual Iron Mountain obtuvo la habilitación para funcionar en Azara 1245, el sitio donde funcionaba el depósito en cuestión.
Entre ese año y la fecha del incendio se rechazaron todos los planos de evacuación presentados por la empresa y se cuestionaron desde el revestimiento térmico de los muros hasta los contratos de seguridad privada, pasando por la ventilación y la estiba antirreglamentaria de mercadería. Sin embargo, estos controles nunca derivaron en la clausura del establecimiento.
Así, el 8 de noviembre de 2007, por ejemplo, la Dirección General de Fiscalización y Control inspeccionó el inmueble y labró Actas de Comprobación por falta de recubrimiento térmico en columnas, carencia de ventilación reglamentaria y falta de constancia de evaluación positiva del Plan de Evacuación.
En una de las últimas verificaciones previas al incendio, en mayo de 2013, Defensa Civil volvió a rechazar el Plano de Evacuación y Simulacro presentado por Iron Mountain.
El 9 de marzo pasado, la Unidad de Información Financiera (UIF) anunció que presentaría documentos ante la Justicia que buscarían sustentar la hipótesis de que detrás del incendio del depósito de la empresa, en el barrio porteño de Barracas, hubo un acuerdo entre la firma y sus clientes para eliminar documentos.
Por otro lado, la Procuraduría Contra la Criminalidad Económica y el Lavado de Activos (Procelac) reveló que entre los archivos hallados en el depósito hay documentos de 29 de 43 empresas con investigaciones en curso por criminalidad económica, y aseguró que el más comprometido es el banco HSBC.
De acuerdo con una investigación de ese organismo y la Comisión Nacional de Valores (CNV), la mayoría de las 30.000 cajas que el HSBC guardaba en el depósito contenían información contable, de contratos varios, seguros, impuestos y todo tipo de documentación administrativa de la firma relacionada con sus clientes.
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