El juez federal desestimó hoy la presentación que había realizado el fiscal especial y que sigue ahora Gerardo Pollicita porque no "hay un solo elemento de prueba".
El juez federal Daniel Rafecas desestimó ayer la denuncia que presentó el fiscal especialAlberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios y dirigentes sociales por encubrimiento. El magistrado entendió que en la investigación que ahora está a cargo de Gerardo Pollicita no "hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado".
En su fallo, Rafecas entiende que "a partir de todas las evidencias reunidas en este expediente a la fecha, presentadas por el extinto fiscal denunciante (Alberto Nisman), habiendo estudiado con máximo detenimiento la extensa presentación; examinado con la mayor atención las notas periodísticas e informes de inteligencia citados; leído con rigor cada una de las escuchas telefónicas arrimadas (de las cuales, hay que decirlo, no surge la intervención de ningún funcionario nacional), llego a la conclusión de que no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual Jefa de Estado".
Asimismo, agrega que "ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal (Gerardo) Pollicita en su requerimiento, se sostienen mínimamente".
"La primera ('Comisión de la Verdad'), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las 'notificaciones rojas'), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito", continúa la resolución.
De esta forma, Rafecas desestimó el dictamen de impulso de la denuncia del fiscal federal Gerardo Pollicita, una decisión que podrá ser apelada ante la Cámara Federal porteña.
Asimismo, el juez sostuvo que analizó todos los elementos de la denuncia y ellos “inhiben el inicio de un proceso penal por cuanto no sólo dejan huérfano de cualquier sustento típico al hecho descripto como una supuesta maniobra de 'encubrimiento' y/o 'entorpecimiento de la investigación' del atentado a la AMIA destinado a dotar de impunidad a los acusados de nacionalidad iraní, sino que por el contrario, tales evidencias se contraponen de modo categórico al supuesto 'plan criminal' denunciado”.
“De este modo, todas las supuestas gestiones, tratativas y negociaciones que la denuncia le adjudica a distintas personas que no integran organismos públicos -reflejadas en las escuchas telefónicas aportadas-, quedan -en el mejor de los casos- circunscritas a la antesala del comienzo de ejecución que requiere -como se adelantó- el Derecho Penal para su intervención en el marco de las hipótesis delictivas sostenidas”, agregó.
Sobre el memorándum de entendimiento con Irán, sostuvo que "aquel acuerdo, que se había firmado a fines de enero de 2013, tuvo una expectativa de gestación (con destino a su futura entrada en vigor) de unas pocas semanas, ya que Irán, según el propio denunciante, abandonó todo interés en el asunto tras el comunicado oficial de Interpol un mes y medio después, el 15 de marzo de 2013. Y efectivamente, transcurridos casi dos años, desde aquel entonces no hubo avance alguno”.
“¿Cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?", se preguntó.
“Para decirlo en términos llanos. La criatura concebida en el marco del Memorándum, esto es, la 'Comisión de la Verdad', nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego, fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional”, añadió.
“Con este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero", concluyó al desestimar la denuncia contra la Presidenta, el canciller Héctor Timerman y otros involucrados.
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