Tras la solicitada conjunta en apoyo a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, un grupo de funcionarios del Ministerio Público busca contrarrestar la medida cautelar que será dictada esta semana contra los nombramientos.
La contraofensiva de un nutrido grupo de fiscales que motivó la firma de una solicitada que cuestiona la judicialización del nombramiento de 16 fiscales subrogantes por parte de la Procuradora General, Alejandra Gils Carbó, podría derivar también en una acción de amparo para que asuman sus cargos.
Mientras que en las próximas horas, el juez de feria Enrique Lavié Pico otorgará una medida cautelar que frenará las designaciones de los nuevos funcionarios, la definición se trasladará a la Cámara en lo Contencioso Administrativo que -ya sobre fin de mes- tendrá que validar o rechazar la toma de posesión de las fiscalías, prevista para el 2 de febrero.
El descontento que generaron los comunicados de la Asociación de Magistrados y de la Asociación de Fiscales que consideraron “peligrosa” la decisión de cubrir las vacantes previstas en la ley de reforma del Código Procesal Penal que Gils Carbó tomó el último día hábil del año, a la vez que tildaron de “oportunistas” a los subrogantes, dividió aguas en el Ministerio Público. Un grupo de fiscales de distintas jurisdicciones de todo el país comenzó a entablar conversaciones informales con el objetivo de desmarcarse del significado político de la maniobra. Varios de los integrantes de la Comisión Directiva de la entidad que agrupa a los fiscales se quejaron de que no fueron consultados para emitir un comunicado de semejantes características, lo que profundizó el enojo ante el señalamiento hecho en sendos escritos sobre el presunto “daño” que Gils Carbó habría hecho al interior del Ministerio Público.
Esa decisión de diferenciarse y emitir un documento crítico a la postura adoptada por las entidades se activó apenas conocido el amparo que la tradicional asociación, que nuclea jueces y fiscales, interpuso en medio de la feria judicial de enero. Por estos momentos, evalúan también llevar a cabo una acción judicial en sentido inverso para lograr un fallo que contrarreste los efectos de la “precautelar” otorgada el jueves por la justicia en lo contencioso administrativo. Los detalles y alcances de esa presentación están siendo discutidos por varios de los firmantes de la solicitada publicada ayer. Hay un motivo central para esa ruptura: varios de los afectados entre las 16 designaciones son socios de la Asociación de Fiscales y algunos de ellos también integran la de Magistrados.
Uno de los argumentos que se barajan se apoya en que la tradicional entidad del Poder Judicial omitió un paso clave dentro de su organización: no convocó a la Comisión Directiva antes de pronunciarse y arrogarse la representación institucional en el amparo. Sin reuniones durante el receso de enero, y con la primera convocada a comienzos de febrero, la decisión no fue sometida a votación. Los contactos entre los representantes mayoritarios de la Lista Bordó, que comanda el presidente Ricardo Recondo, y los de Compromiso Judicial fueron informales. Sin embargo, no los hubo con los de la segunda minoría, pertenecientes a la Lista Celeste. Aunque de oponerse, hubieran perdido la votación, la convocatoria configura un paso institucional ineludible para realizar una presentación judicial en nombre de los asociados y evitar así que el recurso judicial pueda ser internamente impugnado.
Mientras tanto, el planteo que se tramita en la justicia para detener los nombramientos tendrá esta semana una definición: con un criterio distinto al aplicado la semana pasada, Lavié Pico rechazará el pedido de apartamiento solicitado por la Procuración y esta vez sí se pronunciará por dar curso a una cautelar que frene las designaciones. En paralelo, desde las oficinas de Gils Carbó presentarán el informe solicitado en el expediente en el que Lavié Pico otorgó una precautelar. Cuentan con 5 días a partir de la notificación de la medida, algo que aún no ha sucedido, con lo que seguramente, será presentado ya ante el otro juez de turno, Esteban Furnari. En cualquier de los caminos, vía apelación de la cautelar y de la recusación, se escalará a la Cámara de Apelaciones del fuero que debería pronunciarse con urgencia antes de que finalice la feria de enero.
En tanto, en una conferencia de prensa conjunta, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el titular de la bancada del Frente para la Victoria en el Senado, Miguel Ángel Pichetto y la diputada Diana Conti dieron ayer un apoyo concreto a Gils Carbó.
Defendieron la aprobación del Anexo II del CPP que permitió la creación de los cargos por su “absoluta necesidad y razonabilidad” y postularon que la Procuradora actuó con “legitimidad y legalidad”. También denunciarán que es el Congreso, el que está siendo “avasallado” por un sector del Poder Judicial.
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