Justicia Legítima pidió que con urgencia "se implemente el modelo acusatorio consagrado en el nuevo Código Procesal Penal"

A través de un comunicado, la agrupación pidió que se aceleren los cambios que la nueva norma sancionada consagró. "Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno", afirmaron.

María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima

La agrupación Justicia Legítima propuso un debate amplio y plural acerca de las decisiones y los modos de actuación del Poder Judicial, entre los que incluyó la integración de la Corte Suprema de Justicia, la mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales y la urgente implementación del modelo acusatorio consagrado en el nuevo Código Procesal Penal.

A través de un comunicado, Justicia Legítima pidió que "con carácter urgente se implemente el modelo acusatorio y democrático consagrado en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación. Queremos asegurar un servicio de justicia transparente y en tiempo oportuno" porque "la actuación de los jueces y del ministerio público no puede provocar demoras ni prescripciones en las causas".

La agrupación, que citó el "desdichado ejemplo del Colegio Ecos", afirmó que no se pueden "hacer eternos los procesos" porque "una justicia tardía no es justicia" y convocó "a todos los ciudadanos, a las organizaciones sociales, gremiales, profesionales, a los organismos de derechos humanos y a las universidades de todo el país, a una jornada abierta en el mes de febrero de 2015 para seguir avanzando con estas ideas como punto de partida".

La tragedia del colegio Ecos ocurrió en el 2006, cuando el colectivo en el que viajaban alumnos y profesores del colegio Ecos chocó por imprudencia de su chofer. En ese accidente murieron nueve alumnos y una profesora, pero la causa prescribió y la Justicia sobreseyó al conductor.

Respecto a la Corte Suprema, consideró que la vacante que deja el juez Eugenio Zaffaroni puede ser la "oportunidad para generar un nuevo paradigma en la estructura, integración y procedimiento" y reafirmó la idea de que haya "mayor participación ciudadana en la composición de los tribunales" porque "favorece la idea de legitimidad de las decisiones del Poder Judicial".

"La Constitución Nacional prevé un cuerpo colegiado como cabeza del Poder Judicial, para que sea expresión la diversidad de la sociedad a la que debe juzgar", señaló, y recordó que "a lo largo de la historia la Corte cambió el número de sus miembros en varias oportunidades, aunque nunca menos de cinco ni más de nueve".

Asimismo, aseveró que "la falta de integración no sólo incumple las disposiciones constitucionales, sino que deslegitima la labor de la Corte Suprema porque restringe las opiniones y hace menos democráticas sus deliberaciones".

Justicia Legítima propuso también que "el Poder Judicial, como ya lo hicieran la Procuración General de la Nación y la Defensoría General de la Nación, cumpla de inmediato con el ingreso democrático, plural e irrestricto".

"Una vez más insistimos en que abrir las puertas de los tribunales al mayor número de aspirantes más allá del apellido, de la condición social o económica o de las creencias religiosas o políticas es una condición necesaria en el camino de una mejor sociedad", consigna el documento.

Otro punto del petitorio incluye la "ampliación y profundización de iniciativas destinadas a capacitar desde nuevas perspectivas a operadores jurídicos comprometidos con la defensa de los intereses populares y los derechos humanos, como la que representa la Escuela del Servicio de Justicia creada por Resolución conjunta de los Ministerios Públicos de la Nación".

"Es imprescindible discutir cuál es la justicia que se corresponde con el Estado de Derecho, cuáles son las condiciones que aseguran un Poder Judicial independiente y cuáles son los límites que la Constitución Nacional impone a los magistrados en el ejercicio de sus funciones", subrayó, al tiempo que señaló como "signos preocupantes" la "permanente amenaza y/o concreción de la declaración de inconstitucionalidad de las leyes aprobadas por el Poder Legislativo" y relacionó esta tendencia con "expresiones inequívocas de un modelo de judicialidad que procura mantener intereses y privilegios de grupos económicos concentrados, de medios de comunicación monopólicos y de sectores fuertemente corporativos del Poder Judicial".

"Este modelo vulnera la división de poderes, distancia cada vez más a las mayorías populares del sistema de justicia y lo que es aún más grave, lo hace en nombre de una supuesta independencia que debe ser denunciada por lo que encubre", afirmó.

Por eso, Justicia Legítima advirtió que "la independencia de la justicia y el control de constitucionalidad en manos de los jueces, lejos de consagrar la omnipotencia del Poder Judicial, son garantías del orden democrático" y "los que integran ese poder del estado deben responder por su vigencia y ampliación ante todos los ciudadanos".