La Cámara baja buscará convertir en ley este jueves el nuevo Código Procesal Penal, luego de que el proyecto recibiera dictamen en el marco de un plenario de comisiones de la Cámara baja, que contó con la presencia del ministro de Justicia, Julio Alak.
El ministro expuso los alcances de la iniciativa aprobada el pasado 19 de noviembre por el Senado, en el marco de un plenario de las comisiones de Justicia, Legislación penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde destacó la necesidad de pasar del sistema inquisitivo al acusatorio.
Del plenario participaron además el subsecretario de Política Criminal, Juan Martín Mena; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Julián Domínguez; y la presidenta del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Juliana Di Tullio.
Luego de escuchar a los funcionarios, el oficialismo pasó a la firma el dictamen de mayoría, que será tratado en el recinto el próximo jueves 4 de diciembre, según anticiparon fuentes del bloque del Frente para la Victoria.
De esa manera, se completará el trámite que inició el Senado el pasado 19 de noviembre y el proyecto quedará convertido en ley.
En el marco del plenario, Alak consideró "imperioso" sancionar este nuevo Código Procesal Penal porque "si no realizamos este cambio no podemos mejorar la aplicación del derecho y dar una respuesta a la sociedad" y recordó que la mayoría de las provincias y de los países de la región tienen un "sistema acusatorio".
Al hablar ante los diputados, el ministro aseguró que el objetivo del nuevo Código Procesal Penal "es hacer más eficiente la lucha contra el delito, en especial el crimen organizado” y consideró que es “imperioso salir del sistema inquisitivo para pasar al acusatorio”, en el que la investigación preparatoria estará a cargo de los fiscales.
Tras afirmar que se trata de una modificación profunda, Alak consideró que “no es una deuda de la democracia sino de la República”, al recordar que “si hay una institución, una norma, un código que viene siendo denunciado como ineficaz es el procedimiento penal”.
Por su parte, el subsecretario de Política Criminal destacó que con la iniciativa “se intenta un proceso penal oportuno, que atienda la demanda ciudadana a tiempo” y precisó que el nuevo Código está atravesado por la “oralidad, publicidad y transparencia” en el proceso penal.
Antes de la exposición de los funcionarios, la diputada del PRO, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, presidenta de la comisión de Legislación Penal, reiteró su planteo para que sea su comisión la cabecera del debate, aunque el oficialismo rechazó esa posibilidad y defendió que ese trámite recayera en la de Justicia, encabezada por Graciela Giannetassio (Frente para la Victoria).
Si bien la necesidad de modificar el actual sistema fue defendido por la mayoría de los bloques, aunque manifestaron críticas a los alcances de la iniciativa, fue significativa la ausencia del diputado nacional y líder del Frente Rejuntador, Sergio Massa, que el martes presentó en un teatro porteño su propio proyecto.
La iniciativa incluye profundas modificaciones respecto del Código que se utiliza actualmente, entre las que se destacan la suspensión del proceso a prueba y la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia.
También contempla, tal como lo establece una ley aprobada hace pocos meses por el Senado, el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.
Entre otras cuestiones, la iniciativa establece que la investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y concluye con la acusación del imputado, mientras que todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
Además, a partir de esta reforma, se crean 17 nuevas fiscalías y 1.713 nuevos cargos en las fiscalías y defensorías de todo el país.
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