El jefe de Gabinete y los economistas Mattos y D'Attellis cuestionaron los conceptos del juez estadounidense quien calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano enviado por el gobierno al Congreso.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y los economistas Ernesto Mattos y Agustín D'Attellis cuestionaron ayer los conceptos del juez estadounidense Thomas Griesa, quien calificó de "ilegal" el proyecto de ley de pago soberano enviado por el gobierno al Congreso Nacional, que modifica el agente fiduciario y da la opción de cambiar la sede de pago a los bonistas.
En su habitual conferencia de prensa matutina, esta vez en el aeroparque metropolitano antes de partir hacia Corrientes y Chaco, Capitanich, dijo que son "desafortunadas, incorrectas y hasta imperiales" las declaraciones del juez de Nueva York, Thomás Griesa, "respecto de la soberanía de la Argentina".
También indicó que "el Congreso obviamente tiene las atribuciones para resolver lo vinculado con la deuda interior y exterior de la Nación", refiriéndose a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento para que los bonistas reestructurados y también los fondos buitre puedan cobrar en Buenos Aires.
Capitanich recordó que en el funcionamiento natural del Congreso "se votan leyes, que tienen legitimidad justamente porque son aprobadas por los representantes del pueblo".
El jefe de ministros se mostró, además, "esperanzado" en que el arco político "se exprese" al respecto, y consultado sobre la posibilidad de que un grupo de bonistas reestructurados convoque a una asamblea para pedir la eliminación de la cláusula RUFO, dijo que "es factible". No obstante, recordó que "la Argentina decidió enviar un proyecto para propiciar el cambio del agente fiduciario y un cambio de lugar de pago, no de jurisdicción".
Por su parte, el economista Ernesto Mattos dijo que el juez Thomas Griesa no puede decir que el proyecto (de cambiar el agente fiduciario y la sede de pago a los bonistas) es ilegal porque él está ocupando el lugar de un imperio, y además "no puede calificar de esa manera a algo que se vota en un Congreso con diputados y senadores elegidos por el pueblo".
Asimismo, agregó que "es el mismo Estado Argentino el que tiene la obligación de proponer otra entidad financiera de pago si la propuesta, que es el Banco de Nueva York, está incumpliendo".
"Con el proyecto de ley de Pago Soberano de la Deuda en ningún momento se está rompiendo un contrato ni cambiando las reglas del juego, al contrario, la Argentina propone seguir adelante con lo que ya se había acordado", apuntó el profesor universitario.
Asimismo, dijo que el país "también busca que el 7,6 por ciento de los bonistas que no había ingresado pueda hacerlo, y todo, de buena fe. Estamos dando una señal de buen pago a fin de asegurarles a los bonistas un 300 por ciento de ganancia, aunque está claro, que esa ganancia no será del 1.600 por ciento, como lo que buscan los buitres con el fallo".
En tanto, el economista Agustín D'Attellis sostuvo que "no hay forma de aplicar la figura de desacato para un país soberano", en el marco del litigo con los fondos buitre.
El especialista afirmó que "no hay manera de darle sentido a esa apreciación de desacato, y menos cuando la Argentina lo que está haciendo es buscar el aval del Congreso para lo cual trabaja sobre una ley que tiene que ver con proteger al 93 por ciento de los tenedores que ingresaron al canje".
D'Attellis manifestó que la ley de Pago Soberano de la Deuda enviada por el Ejecutivo tiene que ver con la posibilidad voluntaria de un cambio de agente fiduciario, "frente a un banco como es el de Nueva York que está incumpliendo un contrato".
"Lo cierto es que algunos intentan agitar fantasmas, plantean situaciones de default que no existen y olvidan que, por el contrario, todo esto podría resolverse de forma favorable si se aprueba la ley ya que si así fuera, el próximo 30 de septiembre, los bonistas podrían estar cobrando", indicó.
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