Un informe de un grupo de investigación formado por alumnos y docentes de la Universidad Católica de Córdoba (UCC) revela que la casi totalidad de los operativos "de saturación" que realiza la Policía cordobesa tienen por destinatarias las "villas".
"Es importante recalcar que casi la totalidad de los operativos se realizaron en barrios populares o villas. Existe una primacía de esta modalidad de acción en la zona noroeste (10 operativos relevados, 34% del total en la capital), seguida por la zona suroeste (8 operativos)", según el estudio realizado por el colectivo "El llano en llamas", conocido ayer.
Según la investigación, entre el 13 de febrero y el 28 de mayo pasado, "668 personas fueron detenidas en la capital cordobesa", con un promedio "de casi siete arrestos por día", en el marco de los “operativos saturación” que implementa la Policía.
Desde principios de año, la Policía concreta operativos de saturación, destinados principalmente a controlar a motociclistas, tras los episodios de diciembre pasado cuando hubo saqueos por falta de seguridad, a raíz del acuartelamiento de los propios policías en demanda de mejoras salariales.
"Son los lugares de residencia de los sectores populares los que se ven atravesados y organizados por las diversas formas de violencia que supone este dispositivo, lo que habilita la constitución de un territorio fragmentado y excluyente", según el informe realizado por docentes y alumnos de la UCC.
Según la investigación, que se enmarca en un proyecto más amplio sobre "Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas y sociales en la provincia de Córdoba", en lo que va de 2014 "hubo 191 detenidos por mes en 'razzias' y una media de 45 detenidos por operativos conjuntos o simultáneos de la Policía".
Con asiduidad son difundidas imágenes sobre operativos en los que la Policía detiene a numerosos jóvenes en la vía pública, esposados y con las caras cubiertas, luego de haberlos apresado por supuestos delitos o contravenciones previstos por el Código de Faltas.
Todos los años, estudiantes y militantes de organizaciones sociales y políticas concretan en Córdoba numerosas marchas, denominadas "contra la Gorra", para protestar contra el Código de Faltas, al que se lo considera como parte de la políticas de seguridad represiva del gobierno de José Manuel de la Chota.
Durante las marchas, los manifestantes cuestionan numerosas disposiciones del Código de Faltas, como las que prevén la aprehensión de una persona bajo la figura del merodeo en la vía pública o por la simple negativa a identificarse ante un policía.
Asimismo, los organizadores de las marchas también apuntan contra las normas que permiten que una persona sea sancionada con varios días de arresto, en virtud de una presunta contravención, por un comisario, en vez de por un juez, y sin haber contado con la defensa de un abogado.
El jueves pasado, familiares de víctimas del accionar de la policía cordobesa marcharon por las calles de la capital contra los que consideran apremios, allanamientos y detenciones ilegales que con frecuencia efectúan los agentes policiales.
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