El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, remarcó que se hará lo necesario para garantizar el cumplimiento de lo dispuesto por la Secretaría de Comercio, que obliga a los laboratorios a retrotraer los precios de los medicamentos a los vigentes al 7 de mayo último.
"Se aplicarán todas las sanciones para garantizar la protección de los precios de los medicamentos para los consumidores", sostuvo ayer a la mañana el jefe de Gabinete de ministros en su habitual conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, al ser consultado sobre la medida dictada por la Secretaría de Comercio.
En la resolución 90/2014 publicada el martes en el Boletín Oficial, la Secretaría de Comercio dispuso retrotraer los precios de venta de todos los medicamentos a los valores vigentes al día 7 de mayo de 2014, y determinó su mantenimiento durante un período de 60 días corridos.
Los laboratorios farmacéuticos deben presentar en un máximo de diez días hábiles un informe detallado de los precios de todos sus productos, desde el 1 de abril pasado hasta la fecha.
Capitanich sostuvo que la decisión busca "proteger a los consumidores", a raíz de incrementos de precios de entre 3 y 4 por ciento detectados entre el 13 y el 26 de mayo pasado.
Consignó además que la medida dispone que "los laboratorios deben garantizar la continuidad del abastecimiento, y las tres cámaras (en alusión a Caeme, Cooperala y CILFA, que agrupan a los principales laboratorios) informar los precios de sus respectivos productos desde el 1 de abril último".
En este contexto, el Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos expresó ayer que "es una medida acertada en tanto los laboratorios no habían cumplido con el acuerdo previo, hecho de palabra en marzo último para retrotraer los precios a diciembre de 2013".
"Los laboratorios son muy poderosos, están acostumbrados a hacer lo que quieren. Por eso tienen que hacer instrumentos resolutivos, porque después se cartelizan a la hora de aumentar los precios", denunció el titular del sindicato, Marcelo Peretta.
Por su parte, el titular de la asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la Argentina, Carlos Villagra, dijo que los laboratorios de medicamentos "no tienen compasión" y que al momento de establecer aumentos "siempre tienen argumentos".
Según Villagra, ante el aumento se observó que en las farmacias de las provincias "entra a jugar la tijera, la gente prefiere comprar de a tres o de a dos comprimidos en lugar de la caja". La facturación de las farmacias "hasta la semana pasada tenía una merma bastante importante de 20 por ciento", afirmó.
Paralelamente, el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispuso remitir a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) los antecedentes de la norma para que proceda a investigar si esas subas "podrían configurar una práctica restrictiva y/o distorsiva de la competencia".
Kicillof instruyó además a la Secretaría de Comercio para que eleve un informe de situación al Palacio de Hacienda en un plazo de 60 días, y la facultó a requerir al sector farmacéutico toda la información necesaria, lo cual ya fue notificado a las compañías que elevaron los precios.
Las tres cámaras que agrupan a los principales laboratorios del país, anunciaron el martes la decisión de "recurrir" la medida ante la justicia. "Estas medidas, además de sorpresivas, arbitrarias e ilegales, esconden las verdaderas raíces del problema, que ciertamente no residen en la industria farmacéutica. Las actuales circunstancias nos obligan a recurrir ante la Justicia para defender nuestros derechos, las fuentes de trabajo y el sistema de salud", sostuvo el comunicado que lleva la firma de Caeme, Cooperala y Cilfa.
La norma publicada el martes recuerda además que rige la ley 25.649, que promueve la utilización de medicamentos genéricos, y establece que el profesional farmacéutico, a pedido del consumidor, tiene la obligación de sustituir la receta o prescripción médica por una especialidad medicinal de menor precio, que contenga los mismos principios activos, concentración, forma farmacéutica y similar cantidad de unidades.
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