Se trata de una iniciativa del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, quien dijo que “si iniciativa prospera, dejarán de ser procesos escriturarios”.
El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, anunció que enviará a la Legislatura el proyecto para que las liberación de delincuentes "se determinen en audiencia oral y pública, en presencia del fiscal, el defensor y la víctima, y no con la sola firma de un expediente".
"Si la iniciativa prospera, las excarcelaciones dejarán de ser procesos escriturarios que la gente ni se entera", explicó Casal y destacó que "será un avance porque va a transparentar la acción judicial y la información de la justicia que llegue sociedad".
El funcionario bonaerense aclaró que "la presencia del público en la audiencia será sin participación, porque obviamente la decisión de excarcelar o no será de la justicia, pero tampoco será distante de las víctimas y la opinión pública".
Casal consideró que el proyecto "no se trata solamente de control social sino participación de la ciudadanía en estas decisiones, para que no quede ninguna sospecha de que se aplica exactamente lo que la ley manda".
Asimismo, sostuvo que el tema de las excarcelaciones en la provincia "es el tema más candente, en cuanto a libertades anticipadas" y el hecho de que con esta posible reforma se decidan en procesos orales y públicos "pone a todos en situación, a fiscal, defensor, juez de garantías y, por supuesto, a las víctimas".
En este marco, manifestó que el sistema judicial de la provincia "debe tener interlocutores que acerquen a la ciudadanía en su concepto, en su mejoramiento y en la formulación de herramientas para dar respuestas sólidas a cada vecino".
"Concebimos el concepto de descentralización partiendo de esta definición de que la justicia lejos no es justicia y no es un tema geográfico, ni de vías de comunicación; es un tema de empatía de la función judicial con los ciudadanos", sostuvo Casal.
También resaltó que "más allá del resultado de esta, si se pone en marcha, lo sustantivo es que el ciudadano entra por la puerta grande en la evaluación e intervención de las decisiones judiciales, sin alterar las normas básicas procesales, ni los roles de tribunales populares".
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