El Grupo de Curas en Opción por los Pobres exigió que la jerarquía eclesiástica divulgue la información, con el fin de ayudar a "esclarecer delitos". "El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento", señalaron.
En la semana en la que se conmemora el 40º aniversario del asesinato del sacerdote Carlos Mugica, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres solicitó al Episcopado que entregue "sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información" sobre la última dictadura cívico-militar.
El pedido lo realizó en un comunicado que difundió la organización a propósito de la cobertura que la Iglesia Católica le habría brindado al padre Aldo Vara, el religioso de Bahía Blanca imputado por delitos de lesa humanidad que vivió en Paraguay prófugo de la justicia y fue capturado por Interpol, el 28 de abril pasado.
El sacerdote, ex capellán del Ejército durante el terrorismo de Estado, era buscado por la justicia hacía ocho meses y fue detenido en Ciudad del Este. La principal hipótesis de los investigadores es que Guillermo Garlatti, arzobispo de Bahía Blanca denunciado por encubrimiento por la Unidad Fiscal de Derechos Humanos local, le habría pagado la jubilación a Vara a través de un apoderado, el empresario inmobiliario Leopoldo Bochile, quien todos los meses habría cobrado el dinero en la sede del Arzobispado.
"El silencio episcopal sobre el tema no hace más que reforzar la idea de encubrimiento de un imputado en un delito de lesa humanidad, sospecha de la que el episcopado argentino no ha podido despegarse", aseguraron los curas tercermundistas, en la declaración que dieron a conocer el último miércoles.
"Por otra parte –continuó el Grupo de Curas en la Opción por los Pobres– debería ser una exigencia ineludible para los obispos argentinos y para toda la Iglesia entregar sin demora los archivos eclesiásticos que guarden información importante para esclarecer delitos tan graves que han ocasionado –y ocasionan todavía– grandes perjuicios y sufrimientos que sólo la verdad, la memoria y la justicia podrán esclarecer".
"Una urgente intervención del episcopado en esta situación (por el caso Vara) y una firme decisión de abrir los archivos de la Iglesia ayudaría a que el Pueblo de Dios crea realmente que las últimas declaraciones episcopales dicen la verdad y no son sólo palabras de ocasión", señalaron.
El viernes, la Conferencia Episcopal –jerarquía eclesiástica nacional– emitió un documento en el que sostuvo que la "Argentina está enferma de violencia" y que "los hechos delictivos no solamente han aumentado en cantidad sino también en agresividad". Pero nada dijo de los requerimientos de sus pares "villeros" sobre una de las épocas más sangrientas de la historia nacional. Los archivos de la Iglesia podrían atesorar información importante para las causas de lesa humanidad.
Ocurre que Vara no era el único cura prófugo de la justicia. En la página de Interpol también se puede encontrar la fotografía del sacerdote ítalo-argentino Franco Reverberi Boschi, acusado por crímenes de lesa humanidad. Reverberi Boschi, ex capellán auxiliar del Escuadrón de Exploración de Montaña VIII de San Rafael, en Mendoza, vive en Parma, Italia, al amparo de su doble nacionalidad, escudo que utiliza para evitar su extradición.
El 6 de agosto de 2013, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos le solicitó al Papa Francisco que "interceda" en virtud "de su autoridad canónica" para que el ex capellán "se allane al proceso judicial" que se desarrolla en la Argentina. Pero no obtuvieron respuestas positivas: la nunciatura apostólica nacional –que representa al Santo Padre en el país– respondió que Reverberi Boschi se presentó voluntariamente a la justicia italiana, que es la que debe resolver su proceso de extradición.
Algunos de los curas mencionados en causas de lesa humanidad, cuyo rol, quizás, podría ser aclarado por los documentos eclesiásticos, son: el ex capellán de la Policía de Rosario, Eugenio Zitelli, que fue procesado el 20 de marzo de 2012; Miguel Regueiro, ex capellán militar del Batallón de Ingenieros de San Nicolás, procesado en 2007; y José Mijalchyk, quien el 13 de diciembre de 2013, en el marco de la megacausa "Arsenales II-Jefatura II", fue absuelto por falta de méritos. La fiscalía había solicitado para él una pena de 15 años de cárcel.
El caso emblemático de la complicidad religiosa con la represión es el del cura Christian Von Wernich, ex capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, y único sacerdote condenado por delitos contra la humanidad. Aquella bendición judicial ocurrió en octubre de 2007.
Por tal motivo, el Grupo de Curas en Opción por los Pobres concluyó en su declaración: "Somos sacerdotes de diversas comunidades del país que vemos en los gestos y palabras del P. Carlos Mugica, cruelmente asesinado hace 40 años, una señal oportuna para la Iglesia de hoy del necesario compromiso con las víctimas de la pobreza, la injusticia y el terrorismo de Estado".
Pero la Conferencia Episcopal no se hizo eco de esos reclamos y respecto al pasado, prefirió el silencio. Una vez más.
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