El tribunal declaró la nulidad de una resolución que había dejado firme la prescripción del delito. Se trata de la investigación por un préstamo de u$s 106 millones otorgados en 1999 para obras nunca realizadas.
La decisión fue de la sala III del máximo tribunal penal del país, desde donde se ordenó a la sala VII de la Cámara del Crimen que de manera "urgente" haga lugar a la apelación fiscal contra el cierre de la causa y se pronuncie al respecto teniendo en cuenta todos los argumentos de la parte acusadora, según el fallo de los camaristas Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Ana María Figueroa.
En la causa ahora reabierta se investiga el destino de un crédito por 106 millones de dólares otorgado por el Banco Provincia para la edificación del centro de exposiciones en Palermo, dinero que nunca se habría utilizado y no fue devuelto.
El juez de instrucción en lo criminal Ricardo Farías a cargo del caso declaró prescripta la causa con respecto a uno de los imputados al entender que pasaron 16 años de los hechos en base al delito de "defraudación por administración fraudulenta".
Esa decisión fue apelada ante la sala VII de la Cámara del Crimen, que desestimó el recurso fiscal por "mal concedido" y dejó firme así el fallo de primera instancia.
Ahora Casación intimó a esos camaristas de apelaciones a "en la presente coyuntura -conforme corresponde y con la urgencia que el caso amerita- dictar una nueva resolución que aborde y dé expresa respuesta jurisdiccional a los planteos" de la fiscalía, según el fallo.
El fiscal del caso Sandro Abraldes había postulado que el encuadre para lo ocurrido debe ser el "peculado", un delito más grave y que prevé pena de hasta diez años de prisión.
"No podemos dejar de advertir que en anteriores oportunidades la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional también ha evitado ingresar en el análisis de cuestiones sometidas a su conocimiento en el marco de las presentes actuaciones", recordaron además los camaristas de Casación.
"Tras un pormenorizado análisis de las presentes actuaciones, advertimos que asiste razón al recurrente en cuanto a que el pronunciamiento del Juzgado instructor no incluyó, por un lado, la extinción de la acción penal por prescripción y, por el otro, la insubsistencia de dicha acción por haberse excedido la duración razonable del proceso", advirtió Casación sobre el fallo apelado, al tiempo que consideró que la Cámara de Apelaciones en lo Criminal "debió realizar un examen amplio" de ese fallo cuestionado.
En la causa están imputadas 30 personas, entre ellas los ex directivos de la Rural Luciano Miguens y Juan Ravagnan, ex directivos del Banco Provincia y empresarios de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Ogden-Rural, beneficiaria del préstamo, como Eduardo De Zavalia, Miguel O Farrell, Enrique Crotto y Carlos Mallman.
El fallo de Casación se refirió a la situación concreta de Mallman, cuyo sobreseimiento había sido apelado pero tendrá efecto en toda la causa.
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