El reciente documento emitido por el Foro de Convergencia Empresarial se inscribe en una tradición de ideas y declaraciones del empresariado argentino que reconoce precedentes por lo menos en los últimos 40 años.
Frente a diferentes coyunturas políticas y económicas, el lenguaje empresarial local recurre a ideas y expresiones similares cuya puesta en práctica desemboca regularmente en resultados parecidos, lo que contribuye a concluir que, a pesar del paso de las décadas, su orientación obedece a intereses sectoriales que siempre parecen chocar con el bien común.
“Los empresarios de grandes ciudades, de pueblos chicos y del campo”, como se autodefinen los firmantes del documento, califican a sus compañías como el “motor del desarrollo sostenible de nuestro país” que “contribuyen a financiar al Estado” para “la provisión de los servicios públicos”. Más precisamente, señalan que pagan “impuestos para que el Estado pueda asegurar la educación, la salud y la seguridad e invertir en infraestructura”.
El concepto de Estado que se desprende de estas palabras omite la función reguladora del fisco y sus facultades para intervenir en la economía en pos de la redistribución de la riqueza, así como toda referencia a la gestión estatal de empresas. Textualmente, el Foro propone “mercados transparentes evitando intervenciones distorsivas”.
“El acento que hemos puesto en la importancia de la empresa privada en el esquema productivo del país y en la eliminación de la excesiva intervención del estado y regulación de la economía” no tiene por objeto eliminarlo sino mantenerlo con su “gran función orientadora”, aunque “no como empresario interviniendo en la gestión diaria, ni reglamentando y ahogando a la iniciativa individual”. Esta definición no pertenece al Foro de Convergencia, sino a José Martínez de Hoz, quien la pronunció el 12 de marzo de 1981 al finalizar su gestión como ministro de Economía de la dictadura.
Martínez de Hoz era titular de Acindar y miembro de la Compañía Italo Argentina de Electricidad al momento de ser designado por el dictador Videla en marzo de 1976.
“Debemos desarmar el andamiaje creado por casi 35 años de una lenta pero sistemática estatización socializante”, sostenía la Sociedad Rural en aquella solicitada publicada el 24 de marzo de 1977 para saludar “el primer aniversario del Gobierno de las Fuerzas Armadas”.
En aquel texto, la SRA (integrante hoy del Foro de Convergencia) denunciaba que previo al golpe “la inflación descontrolada y el desorden fiscal eran insostenibles”.
En igual sentido se pronunciaba la Asociación de Bancos de Argentina, para quien “la inflación había alcanzado el nivel previo a la inminente destrucción de nuestro sistema monetario y financiero”, según consta en otra solicitada con la que esta entidad (hoy Adeba) también celebró el primer año del golpe.
El primer punto de las propuestas económicas del Foro de Convergencia apunta la necesidad de “tener una baja tasa de inflación similar a la de la gran mayoría de los países de la región y del mundo mediante medidas macroeconómicas que ataquen el problema de manera integral”.
Para esto proponen, entre otras medidas, una “fuerte reducción de la elevada presión tributaria sobre el sector formal de la economía”, una “reforma tributaria y fiscal que elimine impuestos y otros gravámenes distorsivos y tipos de cambios diferenciales” y la “integración al mundo mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales y financieras internacionales”, lo que fue leído en ámbitos políticos como un llamado a que el país tome deuda en el exterior.
También postula la “eliminación de los factores que desalientan, restringen o prohíben las exportaciones”, elíptica referencia a uno de los tópicos recurrentes del temario patronal a través de los años: las retenciones y el tipo de cambio.
La puja por ambas cuestiones detonó la silbatina que repudió el discurso del presidente Raúl Alfonsín en la apertura de la exposición ganadera de Palermo en 1988 y también el conflicto por la resolución 125 de retenciones móviles en 2008, por citar dos ejemplos destacados. “La iniciativa privada y la posibilidad de su desarrollo” es un “componente insoslayable de la República Argentina”, seguiría expresando, coherente, la Mesa de Enlace tres años después del voto no positivo de Julio Cobos.
No obstante, pese al nítido perfil que los citados antecedentes le otorgan a su plataforma, el Foro de Convergencia Empresarial sostiene que sus propuestas en lo económico, lo social y lo político “podrían ser implementadas por cualquiera de las fuerzas políticas que gobierne el país”.
“Se trata de propuestas de políticas que están vigentes en gran parte del mundo desarrollado y en vías de desarrollo, llevadas adelante con éxito por gobiernos de diferente signo ideológico”, aseguran, sin precisar si tal aseveración es producto de la ingenuidad, la desmemoria o de la profesión del credo que impone los dictados del capital financiero por sobre las ideologías y la política.
“¿Se han escuchado autocríticas de algún sector empresarial?”, se preguntó el lunes 21 la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, durante un acto en Casa de Gobierno, en referencia a la fuga de depósitos y el corralito de diciembre de 2001. La lectura del documento del Foro de Convergencia Empresarial y el repaso por la historia de las últimas décadas sugieren que el interrogante presidencial puede extenderse más allá de aquel episodio.
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