El ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba, Walter Saieg, confirmó la llegada de 1000 gendarmes para "garantizar el orden constitucional y público dentro de la provincia". Además, aseguró que las mujeres de los policías levantaron la medida de fuerza.
El ministro de Gobierno y Seguridad de la provincia de Córdoba, Walter Saieg, advirtió ayer que “no vamos a permitir que se produzca ningún hecho de alteración de paz social como ocurrió en diciembre”, al referirse a las mujeres de efectivos policiales que ayer a la mañana se manifestaron frente a la Central de Policía por supuesto incumplimiento del acuerdo firmado tras el acuartelamiento del año pasado.
“Ahora Córdoba está muy bien, en forma normal. Un minúsculo grupo, estaba promoviendo un nuevo acuartelamiento con reclamos similares al conflicto anterior”, sostuvo en declaraciones radiales y confirmó la llegada de los 1000 efectivos de gendarmería, dispuestos por el Gobierno nacional “para garantizar el orden constitucional y garantizar el orden público”.
"Se trata de una gestión tendiente a garantizar el orden constitucional y público dentro de la provincia de Córdoba”, afirmó Saieg.
En tanto, las esposas de los efectivos policiales que en horas de la mañana protestaban frente del edificio de la Central de Policía, en la ciudad de Córdoba, levantaron la medida, ante la fuerte posición del gobierno provincial en impedir la reedición del conflicto policial del 3 y 4 de diciembre.
Cerca de una docena de mujeres interrumpieron por espacio de tres horas el tránsito en media calzada de la avenida Colón, para protestar por el presunto incumplimiento del acuerdo firmado entre el gobierno provincial y los policías, lo que permitió poner fin al acuartelamiento policial en diciembre.
Las mujeres no encontraron adhesión para sostener la protesta, a lo que se sumó la detención hoy de una de las líderes, Adriana Rearte, en el marco de la causa que investiga la instigación y la participación del acuartelamiento de diciembre pasado.
A esto se sumó la detención de 17 efectivos policiales sospechados de estimular y participar en los saqueos durante el acuartelamiento.
El abogado Miguel Ortiz Pellegrini, quien representó a los policías durante el acuartelamiento del 3 y 4 de diciembre, aclaró que las mujeres que hoy protestaron son parte de un grupo minoritario ajeno a los que firmaron el acuerdo que puso fin al conflicto policial.
En tanto, a los efectos de sofocar eventuales instigaciones dentro de la misma fuerza policial, el Tribunal de Conducta Policial resolvió ayer el pase a disponibilidad de cuatro efectivos, ante las sospechas de que podrían promover un nuevo acuartelamiento.
En ese marco, el gobernador José Manuel de la Chota solicitó el miércoles por la al Gobierno nacional el envío de fuerza federales para realizar tareas de prevención, y desde ayer a la mañana comenzaron a llegar parte de los 1.000 gendarmes anunciado en conferencia de prensa por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
El envío de fuerzas federales tiene como objetivo "evitar acciones que impliquen medidas de carácter extorsivo", manifestó Capitanich en su habitual contacto con la prensa y remarcó que "es imprescindible hacer valer la autoridad legítimamente constituida en democracia y el orden institucional".
Por su parte, el secretario de Seguridad, Sergio Berni, quien se hizo presente en la capital cordobesa, aseguró que la protesta policial en Córdoba "no fue más que una movida para extorsionar al poder político".
“Nosotros estamos acá por decisión de la Presidenta, porque no vamos a permitir que ninguna fuerza policial extorsione al poder político. Porque las armas que les dio la Constitución son para defender los derechos de los ciudadanos”, remarcó el secretario nacional en diálogo con la prensa local.
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